Polémica por el estado de los móviles y el uso de fondos de la Tasa de Seguridad

En el año 1994 los juninenses decidían –a través de una asamblea de la que participaron funcionarios, concejales, representantes de entidades intermedias y vecinos– que se ponga en funcionamiento una Tasa Complementaria de Seguridad, que serviría para hacer frente a gastos vinculados con esta temática que el Gobierno bonaerense estaba dejando de atender. De esta manera, se impuso un canon mínimo que iba a ser destinado a la reparación de móviles policiales y la compra de combustible.
Lo que nació como un complemento llegó para quedarse y 24 años después, los contribuyentes locales siguen aportando cada vez más dinero –a través de esta tasa– para cooperar con la Provincia.
En 2018 los ingresos por esta vía alcanzaron los casi 23,5 millones de pesos, producto de este tributo que los hogares pagan en la factura del servicio eléctrico, los comercios e industrias en el CVP, y los campos de la Red Vial. No obstante, la cifra millonaria recaudada por el municipio parece no ser suficiente, ya que hay numerosos reclamos por el estado de deterioro en que se encuentran muchos de los móviles, más algunos otros que, directamente, fueron dados de baja, lo que genera polémica entre diversos actores de nuestra comunidad.

Parque vehicular
En nuestra ciudad hay más de 40 móviles policiales. Las catorce cuadrículas tienen un patrullero asignado, más otros seis de apoyo. También hay uno en cada comisaría de la ciudad, uno en cada destacamento de los pueblos, y una docena que pertenecen a la Policía Local, de los cuales, se suelen utilizar ocho y se dejan cuatro de reemplazo.
Si a esto se les suman las de la DDI y las de la Patrulla Rural, la cantidad de unidades supera ampliamente las 40.
Asimismo, las fuerzas de seguridad locales cuentan con unas 25 motos y alrededor de 40 bicicletas, que tienen cierta rotación y, normalmente, hay unas 30 y otras diez para reemplazo o en reparación.
Desde el área de Seguridad del municipio informaron a este medio que, además, hay algunos vehículos fuera de servicio, que deben ser retirados del Ministerio de Seguridad de la Provincia, para ser reemplazados por móviles nuevos.
También destacan que desde que asumió el intendente Pablo Petrecca, la ciudad recibió por parte de la Gobernación 21 patrulleros.

Estado de los móviles
Más allá de la cantidad de móviles, el eje del debate está en el estado de los mismos.
“Hoy por hoy los patrulleros están abandonados y la tasa complementaria de seguridad, si está en funcionamiento, no se ve demostrado. Es una lástima que perdamos tanto dinero y que no se esté utilizando para que los móviles estén como corresponde. Puedo decir con toda seguridad que los patrulleros hoy son una porquería”, enfatiza el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor.
Y a modo de ejemplo, el histórico dirigente barrial, desde siempre involucrado en los temas de seguridad, recuerda que un par de semanas, por un tema personal, pidió apoyo de la Policía y por el evento hubo que cortar el tránsito con una camioneta. “Cuando había que abrir la calle –cuenta Giapor–, no podía correr el vehículo porque tenía pinchada una rueda, que, además, estaba en un estado lamentable. También tenía el parabrisas roto y otra ventanilla tapada con un nylon porque no tenía vidrio. Para cambiar la cubierta tuvo que llamar a otro patrullero para que le trajeran el auxilio, porque no tenían. Y una agente me dijo que ‘es muy difícil que encuentre un patrullero con rueda de auxilio, algunos lo dejan en la gomería, otros en el taller’, y todo esto acarrea un gasto extra porque debe llegar otro móvil a traer la rueda, gastar combustible, perder tiempo y demás”.

Otro caso vivió el propio fomentista esta semana. Al ver una camioneta de la policía que estacionó arriba de la vereda, se acercó a preguntar qué había pasado y el oficial le respondió: “¿Vos sabés el juego que tiene el volante?”. Para Giapor, “ese patrullero es un riesgo andando en la ciudad”.
El presidente de la sociedad de fomento de Prado Español destaca que estén todos los vehículos en la calle, más allá del estado en que se encuentren, porque eso significa que se prioriza la seguridad de Junín. “Pero lo que no está bien –agrega– es que la ciudadanía esté poniendo una gran cantidad de dinero que no se ve reflejada en el estado los patrulleros”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Andrés Rosa, sostiene que el tema de los patrulleros “no escapa a lo que es la situación general”. Y profundiza: “Es por demás conocido que el recorrido que tienen los móviles policiales, por la extensión de la ciudad, produce un desgaste lógico. Obviamente que siempre, cualquier administración, está gestionando permanentemente en la provincia por la entrega de móviles. El Ejecutivo ha prometido, y creo que está en trámite, la adquisición de cuatro móviles para los pueblos, algo que es una necesidad de hace mucho tiempo. Me parece que más allá de que uno siempre quiere contar con más recursos, lo que se ve actualmente no es parte del problema, no hay una situación que impida dar respuestas. El deterioro es normal”.
El concejal de Compromiso por Junín subraya que “uno siempre desea tener 20 móviles más, pero eso no se ve en Junín ni en otro lado de la provincia”. Y coincide con el intendente en que “en materia de seguridad nunca alcanza, siempre se necesita más, y también hay que pensar que estamos en un momento en el que en el presupuesto provincial no sobran los recursos”.
Quien también considera que es crítica la situación del parque automotor de la policía es la concejal por el Frente Renovador Natalia Donati. “Los patrulleros están destruidos –asevera–; y no solo eso, sino que hay muchos móviles que no están más, estaban en el predio de los Talleres Municipales y ahora desaparecieron”.

Cómo se usan los fondos
Cuando se creó la Tasa Complementaria de Seguridad, se estableció que los fondos recaudados serían afectados a la reparación de móviles y la compra de combustible para los mismos.
Con el tiempo, la ordenanza original fue sufriendo modificaciones y, a partir de esos cambios, los recursos pueden ser asignados a otros ítems vinculados directa o indirectamente con la seguridad, algo en lo que Giapor no está de acuerdo: “Cuando se amplió el acuerdo marco, el dinero que originalmente era exclusivamente para el combustible y arreglo de patrulleros, ahora se destina a otras cosas que pueden estar vinculadas con la seguridad, como la poda, el arreglo de calles o las cámaras de seguridad, pero que yo digo que no corresponde, no era la idea de quienes iniciaron esta cuestión”.
Para Donati, en cambio, la inversión de los dineros públicos debe ser diversificada en diferentes aspectos que hacen al tema. “Si está bien planificado y con los recursos alcanzan para comprar, por ejemplo, una cámara de seguridad, es bueno hacerlo, siempre que la tasa sea bien gestionada y controlada. En ese caso, no sería un gasto en vano”, señala.
La edil massista sostiene que “en su momento los fondos no eran tantos, actualmente con los aumentos que hubo se recauda más, y se podrían hacer más cosas, no solamente cargar combustible y comprar repuestos”.

Quién controla
Ante la sensación que tienen algunos de que se cobra un tributo y no se ve reflejado en el parque automotor policial, la pregunta que surge es ¿quién controla los fondos de la Tasa Complementaria de Seguridad?
Cuando esta imposición fue creada, se había estipulado una Comisión de Control y Seguimiento que velaba por el buen uso de los recursos. Este cuerpo primero estuvo conformado por representantes del Concejo Deliberante, el Ejecutivo, la Federación de Sociedades de Fomento, las Entidades Rurales, Comercio e Industria, CGT, Capynoba y del Foro de Seguridad. Con el tiempo, esto fue cambiando, y en su última etapa quien ejercía ese control era solamente Giapor. Hasta que él también dejó su lugar: “En uno de los balances me faltaban los certificados por dos millones de pesos. Se los pedí a los secretarios, a los administrativos, y nadie me los dio. Entonces pedí una reunión en el Concejo Deliberante y presenté mi renuncia. Yo nunca dije que nadie robó ni nada, pero sí que hubo una mala administración y una falta de interés para que los papeles estén en regla”.
Luego de esta renuncia, quedó disuelta la comisión de seguimiento.
“El hecho de que no exista una comisión de seguimiento no quiere decir que no se controle”, aclara Andrés Rosa. Y explica que ya en la gestión de Mario Meoni como intendente se incorporó un contador en el área de Seguridad con lo que “la secretaría empezó a tener un control en paralelo al área de Hacienda”. Y también rescata que “los gastos de la tasa están en el sistema Rafam y, en última instancia, también está la actuación del Tribunal de Cuentas”.

No obstante, desde su óptica sería saludable que se vuelva a poner en marcha la comisión de seguimiento: “Creo que sería bueno que se pudiera conformar, de hecho, me consta que el intendente, tiempo atrás, cuando los fomentistas lo hablaron, tenía predisposición a que esto se hiciera. En lo personal siempre me pareció importante la participación y el involucramiento de la sociedad civil en áreas de control”.
Su antigua compañera de bancada, Natalia Donati, considera que “si bien el control lo hace el Tribunal de Cuentas, no es lo mismo que se verifique que se hizo un pago correcto por una factura, que tener una comisión que pueda analizar cuáles son los gastos necesarios o prioritarios, porque ese es el seguimiento concreto en materia de seguridad”. Por eso cree necesario un mayor control por parte de la sociedad civil “porque muchos de los vecinos y fomentistas conocen bien sus barrios y saben dónde están los mayores inconvenientes, y eso también lo hablamos con Giapor y otros presidentes de sociedades de fomento”.
Giapor también cree necesario que se controle, por ejemplo, qué se hizo con los $23.456.995,88 que se recaudó por este tributo en 2018. “Como no tenemos gente ajena al municipio controlando, tenemos que creer en lo que nos dicen”, se resigna.
Con todo, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento revela que el propio Petrecca también estaría interesado en reflotar la comisión de seguimiento: “El intendente pidió que yo volviera a controlar la tasa y le dije que no. Hace pocos días tuvimos una reunión en la que me lo reiteró, y le volví a decir que no. A mí no me protegió nadie, cuando presenté la renuncia, los concejales no hicieron nada para que me quedara, el fiscal general no me llamó para preguntarme por qué yo hacía semejante denuncia o para iniciar una investigación de oficio, entonces me quedé solo, protestando. En el momento en que renuncié, el señor Petrecca también era concejal, y a mí no me apoyó nadie. Hoy no puedo volver a manejar eso. Esto no tiene nada de difícil, lo único que hay que tener es honestidad y verificar que la tasa se creó para que funcionen como se debe y no para la poda, el alumbrado o las cámaras. Eso lo hace la provincia o lo hace el municipio con sus recursos”.