Es bien sabido que el dictado de clases requiere el respeto y la consideración hacia los docentes por parte no solo de los alumnos, sino también de los demás integrantes de la comunidad, puesto que la enseñanza jamás podrá impartirse exitosamente en un clima de hostilidad.
Maestros y padres, cada uno desde su lugar, deben aliarse para promover conductas básicas de respeto y diálogo constructivo que permitan generar el clima adecuado para el estudio, el aprendizaje de los alumnos, y la resolución de problemáticas pedagógicas y psicosociales dentro del ámbito escolar. Valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad no pueden quedar relegados a un segundo plano y hemos de priorizar que sean también cuestiones por abordar, desde el ejemplo, en las aulas.
Distintos episodios de carácter violento, que son o no de público conocimiento, vienen afectando la vida escolar. En muchos casos, son los propios padres de los alumnos quienes agreden a los docentes cuando desde la escuela se les solicita acompañamiento y/o compromiso para con la educación de sus hijos. Los hechos, ingratos y penosos, reflejan lamentablemente un contexto signado por niveles de violencia crecientes. Por esto, varias provincias dictaron normas específicas para prevenir y sancionar a padres o adultos que agredan física y verbalmente a los docentes. Tal el caso de la provincia de Buenos Aires, donde rige la Ley 14.898 que establece multas y días de prisión para los agresores.
La norma incorpora el artículo 74 bis al Código de Faltas, en el cual se indica "será sancionada con arresto de cinco a treinta días o multa de entre el 50% y el 100% por ciento del haber mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –o el que en el futuro reemplace-" a la persona que, "invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento educativo de gestión pública o privada al que este concurre, o en las inmediaciones del mismo, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no".
Las nuevas sanciones, cuyas penas se agravarán el doble cuando los ataques sean en presencia de alumnos, aplicarán también a aquel que "insulte o provoque escándalo, ejerza actos de violencia física, le arroje elementos de cualquier naturaleza, ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal, o perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa.
La norma viene a cubrir un vacío institucional para abordar situaciones conflictivas entre los educadores y los familiares de los alumnos, como viene ocurriendo en establecimientos educativos de Junín y que han trascendido en algunos medios de comunicación sin dar cuenta veraz de los hechos. Los docentes están protegidos por la ley, y requerimos al Poder Judicial dé una pronta resolución a las denuncias efectuadas por docentes que han sufrido violencia en las escuelas del distrito de Junín, en los últimos tiempos.
Desde los sindicatos docentes, abajo firmantes, repudiamos los hechos de violencia y cualquier intento de minimizarlos u ocultarlos, y reafirmamos nuestro compromiso en acompañar a los docentes en sus reclamos por educar en un espacio libre de violencia.
FEB. Sadop. Udocba
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