El Juzgado Correccional Nº 2 de La Plata, a cargo del Dr. Eduardo Eskenazi, presentó un informe sobre la dura situación que atraviesan las alcaidías de la provincia de Buenos Aires donde los condenados viven en condiciones adversas, a diferencia de otros acusados que gozan de celdas individuales, freezer, lugar para moverse o para rozarse lo menos posible.
A comienzos del mes pasado, la cantidad de detenidas y detenidos en penales y comisarías provinciales llegó a un nuevo límite crítico, ya que hay 45.603 personas privadas de su libertad en total, de las cuales 43.156 están dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) bajo el Ministerio de Justicia que conduce Gustavo Ferrari y 3.539 en las 138 dependencias policiales bajo el Ministerio de Seguridad que encabeza Cristian Ritondo.
Con un exceso estimado de más de 15 mil detenidos en todo el sistema penal, presos es lo que abunda pero lugar para ubicarlos es lo que falta. Hasta marzo último, de acuerdo al informe del Juzgado Correccional Nº2 que fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado provincial, el sistema entero del SPB tenía una capacidad para 28 mil personas con más de 40 mil detenidos entre sus paredes.
La UP 49 de Junín, ubicada sobre la Ruta 188, es una unidad relativamente nueva, fundada en 2009, de régimen cerrado, con educación primaria y secundaria con capacidad para "424 plazas" según el cartel de entrada, y serían 407 según información emitida por el Juzgado Nº2. Hasta el 27 junio del corriente año había 958 detenidos, una sobrepoblación del 135,38 por ciento, la mayor en todo el territorio bonaerense.
Desde el área de Seguridad del municipio aclararon a Democracia que “la población que tenemos hoy es inferior a la que teníamos en 2014 y 2015. Hubo superpoblación muchísimos años y con hacinamiento de muchísimo tiempo. Esto viene desde hace años que nos mintieron cuando nos dijeron que iba a ser una alcaidía y terminamos con una cárcel encubierta desde que la construyeron”.
“Todavía está preparada para recibir más gente y no los números que figuran en la puerta. Nos mintieron desde la fiscalía anterior, ya que la UP 49 tiene capacidad para cuatro veces más lo que dice el cartel de afuera”, explicaron.
Las comisarías, por su parte, enfrentan una situación peor: sólo tienen cupos reconocidos por el Ministerio de Seguridad bonaerense para 1.021 personas. El incremento interanual de personas que se suman al encierro es particularmente fuerte: hubo más de 4.200 nuevos internos en 2017 y casi 2 mil en lo que va de 2018.
De las 54 cárceles y diez alcaidías relevadas, solo en 15 de ellas no hay un exceso de capacidad de presos. Y algunos porcentajes son preocupantes: varios superan el doble de la cantidad permitido y un poco más.
El informe de la Justicia platense incluye una serie de datos desconocidos hasta hoy: cuántas detenidas y detenidos hay en cada unidad carcelaria, cuán sobrepoblado está cada penal bonaerense.
Donde dormía uno, ahora lo hacen dos
Cabe destacar que los datos se desprenden del informe compilado presentado por el juez Eskenazi en relación a una decena de recursos de habeas corpus planteados a lo largo del año en toda la Provincia por la fuerte sobrepoblación en el sistema, en una situación que organismos estatales y no-gubernamentales como la Defensoría de Casación a cargo del doctor Mario Coriolano, el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria no dudan en llamar una crisis humanitaria.
Las inspecciones del personal del Juzgado Nº2 mostraron las consecuencias geométricas del hacinamiento, lo que pasa es que donde antes dormía uno, ahora deben dormir dos: colchones compartidos por internos, camastros precarios y mantas en el suelo.
Por ejemplo, la Unidad Nº 31, parte del complejo de cárceles de Florencio Varela, cuenta con capacidad para 442 presos: tenía más del doble al 27 de junio, 982 detenidos, 122,17 por ciento de exceso. Es la segunda más superpoblada en el territorio bonaerense.
La cárcel de Campana, la Unidad Nº21 que fue investigada en 2013 por trato VIP a tres presos que contaban con DVD, consola Playstation y aire acondicionado portátil, es la tercera en la lista: 102,90 por ciento, 1.396 internos sobre un cupo de 688.
La Unidad Nº32, en donde el mes pasado fue encontrado casi medio kilo de trotyl, un explosivo de alto poder, cuenta con un porcentaje del 90,55 por ciento, 888 presos al 27 de junio.
En agosto del año pasado, una requisa sorpresa en la Unidad Nº 42, también en el complejo de cárceles de Varela, terminó la incautación de 137 celulares, 38 facas y algunos plantines de marihuana, semillas brotadas en macetitas. Hay actividades varias en el penal como talleres de yoga. También, de acuerdo al informe firmado por el Dr. Eskenazi, tiene una capacidad para 544 internos y 1036 detenidos, 90,44 por ciento de exceso.
El sistema educativo carcelario tampoco da abasto: el informe del juez Eskenazi habla de una lista de espera de 2200 presos para estudiar en la escuela primaria y más de 1800 para la secundaria.
$ 33.300 mil
Con una partida presupuestaria desde la Gobernación para cada detenido calculada por fuentes oficiales en 33.300 pesos por mes a principio de este año, "ahora es un poquito más", dijo un funcionario.
Los siete muertos de la masacre de Pergamino en marzo de 2017 fueron el fenómeno final de un problema recurrente: los detenidos terminan hasta en dependencias departamentales que no tienen calabozos, y hay 1198 personas en las dependencias policiales de la Provincia que hoy tienen dictada la prisión preventiva. Fuentes en La Plata responsabilizan a la falta de cupo que viene desde el SPB.
Hay sólo 1900 presos con arresto domiciliario en todo el sistema provincial. El SPB calcula que unos 24 mil presos pasaron por sus paredes desde apenas dos días a menos de un año durante los últimos ocho años.
La idea del Servicio Penitenciario Federal de este año es buscar la salida de presos de sus cárceles. En abril, el ministro de Justicia, Germán Garavano había señalado, “la prisión preventiva tiene que ser algo excepcional” que en octubre de 2017 era cerca del 40 por ciento del total de presos bonaerenses imputados por robo o hurto con algún agravante como el uso de armas de fuego.
Crisis humanitaria
Tomando como parámetros la sobrepoblación y el hacinamiento, la Defensoría, ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció en julio último que la población carcelaria se encuentra ante "una grave situación" en la que se están vulnerando los derechos humanos.
El informe señala que "el récord histórico de personas detenidas, aumentan las tasas de prisionización y persisten las denuncias por torturas y malos tratos, sumado a las pésimas condiciones de atención a la salud y deficiencias en la infraestructura, que caracterizan a las cárceles de la provincia".
Para los organismos que participan en este informe, "el Estado Provincial no sólo no informa cómo habrá de resolverlo sino que promueve la sanción de un nuevo código de procedimiento penal que, como resultado inmediato, generará un mayor caudal de ingresos al sistema penitenciario".
También se solicitó que "se generen directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal y controle el cumplimiento de la orden dictada en diciembre de no alojar detenidos en lugares inhabilitados.
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