Días pasados, un grupo de concejales de nuestra ciudad recorrió las unidades penitenciarias de nuestra ciudad con el objetivo de evaluar las condiciones de detención en las que están alojados los internos del complejo penitenciario local.
En tal sentido, el tema más preocupante que observaron los ediles locales es el de la superpoblación. Así lo señaló Andrés Rosa, presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante y uno de los impulsores de la visita a las cárceles: “Los dos penales más grandes que tenemos en la ciudad tienen el doble de internos de lo que permite su cupo, o más aún. La Unidad Penitenciaria 13, que debería estar albergando 650 presos, está en 1030 y ya le avisaron al director que va a tener que absorber más y que podrían llegar a los 1100. Y la Unidad 49, que nació como alcaidía y tiene un cupo de 450 personas, está entre 900 y 930. Inclusive, el director nos reconoció que desde el año pasado está reclamando 300 colchones. Entonces ese es el primer impacto: la superpoblación y el hacinamiento”.
En tal sentido, Rosa contó que antes de hacer la recorrida mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, quien le manifestó su preocupación por denuncias que le habían legado al dirigente barrial en las que se le informaba que había internos que dormían en el piso. “Por eso le propuse ir a la 49, nos entrevistamos con el director de esa unidad y fue una larga charla en la que pudimos recabar información y ahí nos enteramos de los inconvenientes”, explicó Rosa a Democracia.
Problemas adicionales
El concejal Rosa considera que “hay algunas mejoras respecto del gobierno anterior, de Daniel Scioli, que fue muy malo en todo aspecto y también lo fue en este tema, porque en ese entonces ni siquiera alcanzaba la comida”. Las autoridades penitenciarias sostienen que ahora la alimentación no es un tema preocupante, pero el hacinamiento genera numerosas situaciones de degradación. “El tema de la superpoblación va empeorando, no recuerdo estos índices en años anteriores”, comentó el edil del monobloque Compromiso por Junín.
Un director planteó, entre otras cuestiones, el problema de los residuos que se generan y la incapacidad que tienen ellos para retirarlos, tratarlos o darles un destino, lo que trae roedores y muchas otras cuestiones asociadas. “A partir de eso se articuló inmediatamente con el municipio –agrega Rosa– y por eso fue la titular del área de Medio Ambiente, Perla Casella, para dar unas charlas junto con la Provincia, tanto para internos como para funcionarios penitenciarios, para que puedan trabajar el reciclaje”.
A eso hay que sumarle las situaciones de convivencia conflictiva que genera ese estado de hacinamiento.
Y como si fuera poco, deben acomodar las instalaciones para contingencias coyunturales. Por ejemplo, en la UP13 tuvieron que disponer, casi como una medida de urgencia, de un pabellón para mujeres porque, después de muchísimos años, les sumaron unas veinte internas. Para darles un lugar a las ingresantes femeninas, hubo que modificar la distribución de los presos que estaban allí. Por otra parte, allí también está detenido el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, con algunos de sus ex colaboradores, y el Ministerio de Justicia solicitó para ellos un tratamiento preferencial, de manera que no se mezclen con el resto de la población. Con lo cual, hubo que hacer más modificaciones. “Entonces, la estructura es siempre la misma, la población crece y tienen estas particularidades”, concluye Rosa, quien terminó diciéndole al director de esa Unidad que “está sentado sobre una bomba de tiempo”. El edil aclara que esto “no es por su culpa”, ya que “allí se ve que se pone mucho esfuerzo, y hacen lo que pueden con lo poco que tienen”.
Una radiografía
Rosa asevera que desde que preside la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, la visita a los penales es un tema que siempre puso en agenda, entre otros tantos. Es por ello que lo viene haciendo regularmente, “por lo menos una vez al año”.
También pudo concurrir en delegaciones del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín, donde integra el Instituto de Derecho Penal. “Es una problemática que no solo la observo, sino que también la estudio y por eso puedo tener más elementos y me permite tener un conocimiento más acabado del que pueden tener mis compañeros concejales, porque estas visitas son un tanto guiadas, uno ve solamente una parte; es una realidad compleja y que se deteriora cada vez más”, afirma.
Y en ese contexto, es que traza una radiografía del lugar: “Lo que sucede acá es una foto de lo que pasa en la totalidad de los penales de la provincia de Buenos Aires, y es una triste realidad de nuestro país. Entre los detenidos, un 70 por ciento no tiene sentencia firme, lo que es otro disparate. La enorme mayoría es gente joven, de entre 18 y 29 años. Hay trabajos que indican que el 75 por ciento de los reclusos son jefes de familias. Y también está la aparición del narco”. Sobre este tema, considera que el funcionario penitenciario tiene que capacitarse y formarse para el tratamiento de este nuevo actor dentro del penal, algo que no es fácil.
“Y también está la selectividad del sistema, porque ahí vemos una criminalidad pobre”, puntualiza Rosa, para luego ejemplificar: “Cuando fui a la UP13 pedimos ir al pabellón de las mujeres. Ellos tienen hasta un tope de 20 y en ese momento había catorce. Había una sola interna de Junín, la entrevisté y me dijo que estaba detenida por el delito de abuso de armas y lesiones leves, porque había violado una restricción domiciliaria. Entonces, cuando uno ve esa superpoblación se pregunta ¿esos son los detenidos que tenemos? Esta discusión también la tenemos que dar. No digo que no merezca una pena, pero la prisión debe ser para los delitos graves. El mundo desarrollado ha ido en esta dirección”.
Reinserción
La intención de este tipo de recorridos pasa por poner en debate esta radiografía que se ve de los penales. Giapor, con la Federación de Sociedades de Fomento, hizo algunas reuniones, los concejales convocaron a algunos legisladores provinciales y se está “tratando de exponer esta problemática”.
Rosa cree que “hay un discurso dominante que dice que no importa lo que pasa en las cárceles y con los presos, pero hay que decirle a la sociedad que en Argentina, por suerte, no tenemos pena de muerte ni tampoco tenemos condenas perpetuas, y por más grave que sea el delito que haya cometido una persona, en algún momento va a salir. Y la verdad que, en estas condiciones, el Servicio Penitenciario no puede cumplir con ninguno de los objetivos que tenga que ver con la rehabilitación o la reinserción social”.
Modelos a seguir
En cuanto a las posibilidades de hacer algo diferente, Rosa propone algunas alternativas que se están llevando a cabo en otros lugares como para poder analizar.
Uno es un modelo que se está desarrollando en Chile. Se trata del programa Uno Por Uno, “que diría que es un inédito acuerdo público privado”, donde participan emprendedores, la Confederación de Comerciantes, la Cámara de la Construcción, la Universidad Católica y muchos otros actores sociales trabajan en el acompañamiento: “Entonces, una persona de afuera sostiene a una que está por egresar de un penal o cuando sale en libertad. No se trata de darle un trabajo, sino de acompañarlo en la reinserción social, laboral, económica, familiar, y es algo que está dando excelentes resultados, por lo que Chile está bajando enormemente la tasa de reincidencia”.
Rosa también hace referencia al proyecto que el gobierno uruguayo envió días pasados al parlamento para que el servicio penitenciario, que allá está a cargo de un Instituto de Rehabilitación Nacional, pase a depender del Ministerio de Educación, “algo totalmente transformador”. Esta propuesta fue el resultado de un acuerdo que hicieron todos los partidos uruguayos en el año 2016. Es cierto que ahora volvió a tomar impulso porque hubo un motín en la prisión de Santiago Vázquez, “pero la iniciativa es muy importante porque tiene previsto un consejo de familiares de detenidos y otras alternativas muy interesantes”.
El tercer modelo que pone a consideración Rosa es el de la provincia de San Luis, en donde el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, acaba de enviar a la Legislatura un proyecto para hacer una cárcel-pueblo, algo que existe en otros lugares del mundo: “La idea es que haya, por ejemplo, una peluquería en la penitenciaría donde la gente del lugar pueda ir a cortarse el pelo, que se produzcan eventos culturales, actividades deportivas, y que de alguna manera el afuera se vincule con el adentro”.
Para Rosa, “San Luis se está poniendo, una vez más, a la vanguardia de lo que es la innovación, el adelanto o el progreso; pueda ser que le marque al resto de las provincias cuál es el camino que deben transitar. Y Uruguay también nos vuelve a marcar el rumbo en lo que tiene que ver con los acuerdos entre partidos para decidir sobre las políticas públicas”.
Y concluye: “Todo esto nos hace pensar que hay esperanzas pero, fundamentalmente, lo que necesitamos es torcer este rumbo de los servicios penitenciarios y tener prisiones que en verdad rehabiliten a las personas y que las regresen a la sociedad en mejores condiciones que cuando ingresaron”.
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