La Comisión Evaluadora de Vialidad Nacional firmó ayer la resolución para adjudicar los primeros seis nuevos corredores licitados a partir del esquema de Participación Público-Privada (PPP) para transformar más de 7.200 kilómetros de rutas nacionales en una moderna Red de Autopistas y Rutas Seguras.
Para esta primera etapa, cuyos primeros trabajos se estima iniciar en octubre de este año, 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales realizaron 32 ofertas. Para determinar los ganadores de la licitación – cada empresa podía ser adjudicataria de dos corredores como máximo-, se analizó la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representa un menor costo para el Estado.
El Corredor Vial C, donde se contempla a Junín, se hará la construcción de dos variantes en la RN7, una de 6 kilómetros en la localidad de Desaguadero y otra de 23 kilómetros en La Picasa; 421 kilómetros de ruta segura desde nuestra ciudad hasta el límite con San Luis y de Luján de Cuyo a Potrerillos. La RN 33, desde Gral. Villegas hasta Rufino, se convertirá también en ruta segura a lo largo de 102 kilómetros. La empresa adjudicada para estos trabajos es el Consorcio José Cartellone Construcciones Civiles SA
“Las licitaciones por PPP demostraron ser una herramienta sólida para que podamos hacer las obras que el país necesita para seguir generando en empleo, para crecer, para desarrollarse y, fundamentalmente, para mejorar la seguridad vial y terminar con las rutas de la muerte. La apuesta a largo plazo en la obra pública que han hecho las empresas nacionales e internacionales demuestra que estamos en el camino correcto.”, dijo el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.
El plan para la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras se divide en tres etapas de licitación, con una inversión total superior a los 12.500 millones de dólares para los primeros 5 años y superior a los 4.200 millones de dólares durante los siguientes 10. A lo largo de las tres etapas se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes; en total, 5.270 kilómetros. Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.
Licitación de la Primera Etapa
La primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras incluye la concesión de los nuevos corredores viales conformados por más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.
El plan de obra nueva para estos corredores implica obras en más de 2.500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades.
La inversión total estimada para estos corredores de la primera etapa será superior 8.000 millones de dólares en total, 6.000 millones de dólares durante los 4 primeros años y más de 2.000 millones de dólares durante los 6 a 15 años subsiguientes en obras complementarias y de mantenimiento.
Cada oferente presentó dos sobres con documentación: el primero, que se abrió en abril, certifica la calidad y la viabilidad del oferente (consorcio) para participar del proceso licitatorio, mientras que el segundo, abierto el 17 de mayo, corresponde a la oferta económica presentada por corredor vial.
Financiamiento del proyecto PPP
El nuevo proyecto del Gobierno Nacional se repagará principalmente con una parte del impuesto al gasoil (para las obras) y con el ingreso por peaje (para el mantenimiento y operación del corredor). Para el pago de estas obras de la Etapa I, que comenzará a realizarse en 2021, no se han creado nuevos impuestos, debido a que serán utilizado recursos existentes que antes se destinaban a otros gastos, entre ellos el subsidio de los corredores actuales.
El modelo de Contrato PPP a implementar genera previsibilidad para los emprendedores privados. Este proyecto permite tanto a inversores locales e internacionales, así como al sistema financiero en su conjunto, invertir en obras de infraestructura y de esta manera trabajar junto al Estado Nacional de manera colaborativa para el desarrollo de la infraestructura del país.
Además, la fuerte inversión prevista durante la primera etapa se realizará sin afectar los recursos y el presupuesto público nacional, al ser su financiamiento responsabilidad del sector privado, quien deberá financiarse a riesgo propio.
Principales beneficios
Las obras previstas en las distintas etapas, permitirán disminuir considerablemente el número de siniestros viales en torno al 70 %, gracias a la construcción de nuevas autopistas y obras de seguridad y tendrá incidencia en el ahorro de los costos operativos y de tiempos de viaje en las rutas más transitadas del país. Se estima que durante el plazo de las obras se generarán más de 50.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta en el país.
Mediante el sistema de licitación tradicional el Estado Nacional por la envergadura de las inversiones involucradas tardaría más de 12 años en concluir el plan de obras si lo tuviese que afrontar con el pago de las obras directamente de su presupuesto propio de la Dirección Nacional de Vialidad, comprometiendo a tal fin una gran cantidad de fondos. Bajo la alternativa de financiamiento privado prevista en el Proyecto PPP, los usuarios podrán utilizar las obras casi 10 años antes, ya que si bien se prevé completar el total de obras en 5 años, las primeras obras serán entregadas dentro de 3 años, lográndose de esta forma un importante ahorro de costos operativos y tiempos de viaje para los usuarios y el transporte en general.
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