El Frente Renovador (FR) denunció, ayer, en conferencia de prensa, un “mal manejo” de fondos públicos por parte de la administración del intendente Pablo Petrecca, al haber contratado una auditoría de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que fue puesta bajo la lupa por el Tribunal de Cuentas bonaerense, y desde el municipio salieron a aclarar, a través de un comunicado de prensa, que el falló “no está firme”, en un nuevo cruce de acusaciones por la gestión y la herencia recibida.
Así, desde el oficialismo comunal admitieron que se recurrió a la UBA para realizar una auditoría interna al comienzo de la gestión de Petrecca para conocer “el estado en que se había recibido el municipio y ante la negativa del gobierno del ex intendente Mario Meoni de facilitar información y documentación real de la situación financiera y patrimonial del Estado municipal”.
Al respecto, el secretario de Economía, Ariel Díaz, manifestó: "En primer lugar quiero aclarar que el FR hace referencia a una resolución del Tribunal que no está firme, es decir, aún está en etapa de discusión, ya que el municipio ha presentado su descargo aportando fundamentos más que suficientes que avalan la contratación de la asistencia técnica con la UBA. El pasado 7 de mayo hemos aportado al Tribunal de Cuentas los elementos probatorios necesarios que respaldan cada uno de los actos de gobierno llevados a cabo en 2016. Por lo tanto, el concejal Patricio Fay y el bloque del FR deberían haber sido más cautelosos y aguardar a que la resolución quede firme en lugar de mentirle a la sociedad y hacer demagogia".
Y el funcionario petrequista agregó: "Recordamos también que en 2017, fiel a su impronta de poner palos en la rueda permanentemente a esta gestión, el FR, encabezado por Patricio Fay, ya había intentado atacar y ensuciar la transparencia que se destaca en esta administración, presentando una denuncia penal por este mismo tema, la cual fue desestimada y archivada por no constituir delito. Nuestra gestión ha priorizado contratar la asistencia técnica de la UBA, una universidad pública de gran prestigio e historia, que avala su trabajo, fundamentando dicho acto en varios motivos".
"El primero de ellos es la necesidad de contar con información y documentación real de la situación financiera y patrimonial del Estado municipal, que en ningún momento nos fue otorgada por la administración anterior. El segundo, para realizar este control adicional, ya que el primer control municipal estaba en manos de la ex contadora municipal y actual concejal del Frente Renovador, Natalia Donati, quien había demostrado en varias ocasiones su claro interés político, que finalmente quedó comprobado. Lo mismo sucedía con quien ocupaba en aquel entonces la función de auditor interno, funcionario actualmente procesado por malversación de fondos en Grupo Servicios Junín, el contador Vicente Griselli", punzó Díaz.
"También decidimos realizar esta asistencia técnica por un pedido de la sociedad, los vecinos, que querían y merecían saber la verdadera herencia recibida, nuestro punto de partida, algo que lamentablemente fue negado en el traspaso de gestión. Vale aclarar también que el convenio firmado con la UBA fue convalidado por la ordenanza 7093 aprobada por mayoría en el año 2016 por los bloques de Cambiemos y Unidad Ciudadana en el Concejo Deliberante".
“A modo de ejemplo, la asistencia técnica de la UBA, hoy cuestionada por el FR, nos permitió determinar que el ex intendente Meoni dejó la gestión con una deuda de $ 110 millones, lo que representaba un 25% del presupuesto total, que innumerables autos y camiones municipales se encontraban sin título automotor o en estado de abandono, nos permitió tener un inventario de bienes muebles de cada área, nos permitió encontrar numerosos subsidios a entidades que nunca presentaron la documentación pertinente, o la contratación de hoteles y publicidad para los show de Ricardo Arjona y Lali Espósito con todo su staff en 2015, o que se llevaron antes de irse ocho biblioratos con convenios originales firmados entre 2008 y 2015 por el ex intendente Meoni y que nunca sabremos de su contenido".
Para finalizar, añadió que "por todo ello y a pesar de que el Tribunal de Cuentas mantenga su posición y nos obligue a devolver el pago de dicha asistencia, si tuviéramos que volver a tomar nuevamente esta decisión lo volveríamos hacer, porque entendemos que la información obtenida ha sido fundamental para saber el punto de partida y darlo a conocer a la sociedad. En conclusión, la contratación que tanto critica y preocupa al FR nos ha permitido encontrar innumerables y graves falencias de la gestión anterior y un municipio quebrado financieramente, que luego de dos años hemos logrado encaminar. Por ello se opusieron desde un primer momento, para no quedar en evidencia del desmanejo de su administración. Por todo lo expresado, tenemos la plena convicción de que haber contratado a la UBA fue un acto de gobierno que no implicó en ningún caso malversación de fondos públicos, sino que permitió dar luz a la gestión y elementos a la Justicia".
Para el meonismo, hubo un “mal uso”
Más temprano, dirigentes y funcionarios del Frente Renovador de Junín habían denunciado, como se dijo, desprolijidades en el manejo de los fondos públicos. En este sentido, el edil Patricio Fay afirmó que en momentos en que "es cada vez mayor el esfuerzo de muchas familias, Pymes, comercios, clubes y entidades sociales, que han llegado al límite de sus posibilidades económicas, desde el gobierno local no se acompaña ese esfuerzo y se hace un mal uso del dinero público".
Y agregó: "Cuando a principios de 2016, la concejal de nuestro bloque Natalia Donati, que en ese entonces era contadora municipal, se negó a convalidar pagos millonarios con dinero público que ilegalmente pretendía efectuar el intendente Pablo Petrecca para contratar una presunta auditoría privada, se convirtió en víctima de agresiones, amenazas, actos intimidatorios y de violencia por parte de funcionarios municipales que no cesaron ni aún cuando lograron mayorías circunstanciales en el Concejo Deliberante para removerla del cargo. En ese mismo Concejo fue donde nuestro bloque también denunció la ilegalidad y votó en contra de la convalidación de un supuesto convenio de colaboración y capacitación con la Universidad de Buenos Aires, que lo único que buscaba era intentar legalizar pagos municipales que no correspondían".
"Ese aviso oportuno de Natalia al propio intendente Petrecca, diciéndole que lo que pretendía hacer con el dinero de los juninenses era ilegal, hoy nos lo confirma el Honorable Tribunal de Cuentas, con una resolución por la cual genera un cargo de $ 748.492 contra el intendente Pablo Petrecca, en solidaridad con el secretario de Hacienda, Ariel Díaz, y los concejales que votaron convalidando la ilegalidad", afirmó Fay.
"El cargo determinado por el Tribunal de Cuentas conlleva la obligación de los funcionarios públicos referidos de devolver de su propio bolsillo el dinero de los juninenses mal gastado. Esta resolución que obliga a Petrecca, a los concejales de Cambiemos y del bloque del Frente para la Victoria a devolver el dinero mal gastado, es también para nosotros muy importante, porque cuando avisamos que íbamos a votar en contra nos dijeron que poníamos palos en la rueda. Bueno, ahora queda claro que no ponemos palos en la rueda, tratamos de ayudar y de prevenir, pero el gobierno de Cambiemos hasta el momento no lo entendió", punzó el concejal massista.
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