El estallido de aplausos y gritos contenidos marcó el fin. Cinco palabras, “veredicto absolutorio y sin costas”, dispararon esa corta algarabía que sepultó, de hecho, a uno de los juicios más relevantes de la historia de nuestra ciudad.
Abel Miguel, intendente de Junín entre 1983 y 2003, quedó libre de una serie de cargos como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público que manchaban su larga carrera política y, principalmente, su ética.
Por eso ese grito contenido y esos aplausos que rápidamente fueron apagados por la presidenta del Tribunal en lo Criminal Nº1, Karina Piegari, que condujo la última audiencia realizada ayer.
Más de ocho horas de lectura de los fundamentos fueron el prólogo para la difusión de la decisión final de los jueces. En ese tiempo, los magistrados hicieron un minucioso recorrido por las audiencias y explicaron jurídicamente una decisión que pone fin a una serie de presiones sociales cruzadas presentes en un proceso que en realidad comenzó en 1999.
Ese año prosperó una de las tantas denuncias contra el ex intendente y comenzó lo que se convertiría en un juicio oral en agosto de 2009. Pasaron testigos, peritos y sobró polémica. Ahora queda una apelación –la acusación anticipó que la llevará adelante– y los festejos para Miguel y sus allegados.
El inicio
Pasadas las 11 de la mañana de la víspera comenzó el juicio ante un numeroso público en la sala y con gran expectativa por parte de la ciudad en general. En primera fila estaban el ex intendente; su abogado defensor, Darío De Ciervo; el denunciante, Carlos Benítez; su abogado, el doctor Manuel Gutiérrez; y el fiscal de juicio, Angel Quidiello.
En frente estaban los jueces: la citada Piegari, acompañada por Andrés Francisco Ortiz y Miguel Angel Vilaseca, que advirtieron a los presentes que mantuvieran la compostura, ya que ante el menor desorden se iba a dar la orden de desalojar la sala.
El recinto estaba casi repleto de gente allegada a Abel Paulino Miguel, ya sea porque habían formado parte de su gestión, o eran militantes del sector político que él lidera como diputado provincial por la Coalición Cívica.
Entre ellos estaban los concejales Magdalena Ricchini y José María Banfi, quienes luego de una hora se ausentaron para ir al Concejo Deliberante, donde ayer se trató el Presupuesto Municipal 2010.
También estaba el ex edil radical Pablo Torres, el ex secretario de la producción durante la gestión de Miguel, el licenciado Sergio Pérez Rozzi, y militantes como Estela Sabus (fo-mentista), la ex consejera escolar Norma Fernández y la responsable de Asesoría Jurídica durante el gobierno de Miguel, la abogada Ana María Lusardi, entre otros.
En la sala de audiencias del 4º piso del edificio de Tribunales había escasa presencia policial, no más que en otros juicios, quienes advertían a quienes ingresaban al recinto que apagaran los celulares.
Las vestimentas
Miguel, vestido con un traje color beige, y su abogado, de traje gris claro, contrastaban con los colores oscuros de la vestimenta de la parte acusadora: Benítez, de negro; su abogado, de saco azul, y el fiscal de marrón.
Sucedieron varias horas de lectura del veredicto, desmenuzando cada uno de los seis hechos en los que tanto el particular damnificado –Benítez–, como el fiscal, planteaban los delitos que según ellos había cometido el ex intendente.
Los dos secretarios del Tribunal en lo Criminal Nº 1 se turnaban en la lectura, y hubo recesos intermedios, que daban breves respiros, tanto a los que leían como a los que escuchaban.
Cómo fue la secuencia del juicio
El juicio comenzó el 20 de agosto. Durante las primeras seis audiencias, pasaron decenas de
testigos. La adquisición de campos, las transacciones realizadas y polémicas vinculadas con versiones periodísticas fueron los temas principales en esas jornadas.
Ya a fines de septiembre el juicio se volvió más técnico: aparecieron los peritos. Dos oficiales y uno de parte se trenzaron en discusiones relacionadas con cuestiones contables. Los números se volvieron protagonistas y el juicio se dilató.
El 22 de octubre comenzaron los alegatos. Pasaron Manuel Gutiérrez, representante del particular damnificado; Angel Quidiello, fiscal; y Darío De Ciervo, abogado defensor de Abel Miguel. Cada uno habló por lo menos dos veces y sólo quedó tiempo para una audiencia dedicada exclusivamente al ex intendente.
El pasado lunes, Miguel se defendió y dijo que era todo una persecución política y que no había fundamentos jurídicos. En esto último, el Tribunal le dio la razón.
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