La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires “tiene una visión muy crítica sobre la política que está llevando a cabo en el tema de servicios públicos los gobiernos nacional y provincial”. Así lo confirmó a Democracia Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos de la dependencia.
En tal sentido, el funcionario explicó: “Creemos que estos aumentos que se han venido llevando a cabo de un tiempo a esta parte carecen de razonabilidad y de progresividad, y están totalmente alejados de la realidad que está viviendo la sociedad argentina y bonaerense, que es la que nosotros debemos defender”.
De acuerdo a su análisis, los ajustes “no pueden estar por encima de las pautas salariales” y, en ese marco, consideró que al analizar el esquema tarifario se evalúa la necesidad de inversión, la rentabilidad de las empresas, el atraso en las tarifas, “pero no se tiene en cuenta los ingresos de las familias bonaerenses”.
Ruesga destacó que la Defensoría participó en las audiencias públicas en donde se expuso su visión “crítica sobre estos aumentos”.
Asimismo, el funcionario mostró especial preocupación por dos de las prestaciones básicas: “En el tema del gas, estamos yendo a un precio liberado cien por ciento, sin ninguna intervención del estado y dolarizado. En cuanto al servicio eléctrico, hubo aumentos muy importantes y vemos que antes teníamos servicios públicos baratos y malos y ahora los tenemos caros y también malos, porque los problemas no se han ido solucionando a pesar de que ya llevamos dos años de aumentos de tarifas muy fuertes”.
Finalmente, confirmó que un representante de la Defensoría estará presente aportando su posición el próximo martes en la audiencia que convocó el juez federal de Junín Héctor Plou, en el marco de una causa iniciada por un amparo presentado por la OMIC de Leandro N. Alem, a la que se sumaron otros municipios, como Laprida, Mercedes, Gonzáles Chaves, Daireaux, San Antonio de Areco, Bolívar, Chascomús y General Alvarado.
“CARECEN DE RAZONABILIDAD Y DE PROGRESIVIDAD”
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