La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por su presidente, Gustavo M. Hornos, y los vocales Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani- confirmó por unanimidad la pena de prisión perpetua impuesta al ex comisario de la Comisaría Primera de Junín Abel Oscar Bracken, y las condenas impuestas a los por entonces oficiales de la Policía local Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Estelrich –ambos a la pena de 18 años de prisión– y al ex oficial de inteligencia Francisco Silvio Manzanares, a la pena de 25 años de prisión.
Los cuatro condenados fueron encontrados penalmente responsables por su intervención en múltiples casos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio doblemente calificado, cometidos durante la última dictadura en los centros clandestinos de detención conocidos como “Comisaría de Junín, “Destacamento Morse” y “Cárcel en Construcción”. Todos ellos pertenecían al denominado “Circuito Represivo de Junín”, uno de los más emblemáticos de la represión en el centro de la provincia de Buenos Aires.
2012
El 17 de julio de ese año, el juez federal Daniel Rafecas había dispuesto elevar a juicio oral de siete personas que estaban acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Junín, durante la última dictadura militar.
En la nómina figuraba el ex comisario Abel Oscar Bracken, por su actuación a cargo de la Comisaría Primera donde funcionaba, en forma paralela, un centro clandestino de detención. En esa dependencia de la Comisaría estuvo prisionero Hugo Torreta, uno de los desaparecidos de nuestra ciudad.
Entre los imputados que fueron a juicio también se encontraba Edgardo Mastandrea, por entonces oficial inspector de la citada dependencia policial, quien habría integrado –según la acusación- la “patota” local, junto a Julio Ángel Esterlich, entonces oficial subinspector, integrante del grupo operativo “encargado de detener y torturar” y Francisco Silvio Manzanares, ex suboficial inspector.
En la misma resolución, el magistrado había incluido al ex oficial subinspector de Policía, Miguel Ángel Almirón, quien estuvo a cargo del Destacamento Morse, ubicado a unos 25 kilómetros de Junín, sitio que también funcionó como centro clandestino de detención; y el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta, quien “controlaba los signos vitales” de los prisioneros cuando eran torturados.
La medida del magistrado también alcancó al ex coronel Ángel José Gómez Pola, quien se habría desempeñado bajo el mando del fallecido coronel Félix Camblor, entonces a cargo de la Subzona 13, y que permaneció a cargo del Area 131, en la cual se instalaron los centros clandestinos y de torturas que funcionaron en nuestra ciudad.
2015
En febrero de ese año, el Tribunal Oral en lo Criminal Oral Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Ángel José Gómez Pola, “por su complicidad en el genocidio perpetrado en la última dictadura cívico militar” y por encontrarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado en los casos de los ex detenidos desaparecidos juninenses Hugo Torreta, Adrián Romié y Gilberto “Beto” Mesa. Asimismo, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.
También se condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Abel Oscar Bracken, “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”. Asimismo, fue condenado por haber sido “coautor del delito de homicidio doblemente calificado”, por el caso Torreta. Además, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.
Francisco Silvio Manzanares fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tomentos agravada”.
También fue condenado a 25 años de prisión Aldo Antonio Chiacchietta “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.
Bajo los mismos argumentos, Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich fueron condenados a 18 años de prisión y Edgardo Mastrandrea, a 15.
Este fallo no había quedado firme y la defensa recurrió al Tribunal de Casación para apelar esa decisión.
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