Afirman que el campo paga impuestos por más del 65% de su renta agrícola

En los últimos días se recalentó la discusión pública entre el Gobierno provincial y el sector agropecuario a raíz de la aprobación del Presupuesto 2018 que incluye, entre sus propuestas, un aumento del Inmobiliario Rural de un 50 por ciento, lo que motivó reclamos airados y generalizados de los productores y las entidades que los nuclean.
Este incremento se suma a la presión tributaria que ya tiene el sector, que se estima en más del 65 por ciento de las ganancias.
Así lo estableció la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), una entidad que elabora y difunde investigaciones y proyectos de políticas públicas. Según su última medición, la participación de los impuestos sobre la renta agrícola en la provincia de Buenos Aires es del 65,7%.
En diálogo con Democracia, David Miazzo, economista jefe de FADA, explica que “de cada cien pesos de renta que genera una hectárea agrícola en la provincia de Buenos Aires, 65,70 se los lleva el Estado. De esa presión tributaria, un 90 por ciento son impuestos nacionales (derechos de exportación, Ganancias, IVA, Créditos y Débitos), un 8% corresponde a tributos provinciales, como Ingresos Brutos e Inmobiliario Rural, y el 2% restante a las tasas municipales, como la Red Vial”.
El director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), ratifica a este medio que “hay estudios muy buenos para campos agrícolas, que se aplican muy bien a lo que sucede en ciudades como Junín o Chacabuco, que son los que hacen la fundación FADA”. Y añade que en nuestra zona, “esta proporción se mantiene más o menos igual en campos ganaderos”.
No obstante, Rodes –como toda la dirigencia gremial ruralista de la provincia– advierte sobre el impacto que tiene la suba del Inmobiliario Rural y ejemplifica: “Un campo de Chacabuco está pagando de Inmobiliario dos quintales de soja por hectárea, después de este aumento deberá abonar tres quintales solamente de este impuesto. En algunos campos llega a ser del 8 o 10 por ciento del total producido. Si este tributo se va a llevar cerca de 300 kilos libres sobre una producción de 3000, es irracional”.

El impacto de los impuestos
El informe de FADA establece que la participación del Estado en la renta agrícola a nivel nacional es del 71,1%. En Buenos Aires esa relación es un poco más baja, alcanzando el 65,7% ya mencionado.
Este indicador surge del resultado de una división entre un numerador, representado por los impuestos, y un denominador, representado por la renta agrícola.
Este índice tuvo sus variaciones. Miazzo comenta que al salto más grande lo dio en diciembre de 2015 “cuando se produjo la salida del cepo, se unificó el tipo de cambio, se instalaron los derechos de exportación a casi todos los productos y se eliminaron los ROE”. Es que hasta ese momento, “por problemas de atraso cambiario y de competitividad” había llegado a niveles cercanos al 90 por ciento, y con esas medidas bajó a un 64%, aproximadamente. “Desde ese momento hasta hoy –agrega el economista de FADA– se fue dando un crecimiento lento pero constante, no porque hayan ido aumentando los impuestos, sino porque la renta fue bajando conforme se fue atrasando el tipo de cambio”.
Sin embargo, la incidencia no es igual en todos los casos: “Hay cultivos, como el maíz, en donde hay una situación más normal, no tiene derechos de exportación y está en situación de rentabilidad relativamente estable, por lo que sus números deben rondar un 50%, que debería ser una relación, si no ideal, sí de referencia. Supongo que esto debe ocurrir en otros sectores productivos o en el campo en otros países”.

Inmobiliario Rural
En cuanto a la influencia que pueda tener el incremento del Inmobiliario Rural en la presión tributaria total para los productores bonaerenses, Miazzo señala que recién en la medición que haga FADA en marzo podrán tener una idea más clara, y aclara que “algún movimiento va a haber en el indicador, aunque es probable que se vea relativamente amortiguado porque ya en marzo vamos a tener un 1,5% menos de derechos de exportación a la soja, entonces, en parte, se puede ver algo compensado en el resultado final”.
En términos del impacto del impuesto en sí mismo, Miazzo sostiene que “hay como dos verdades o dos argumentos”. Por un lado, es cierto que significa “un aumento real para los productores en términos de dólares, de valor de la producción y en comparación con la inflación”, porque hay un dólar relativamente quieto, una inflación que estará algo por encima del 20 por ciento y precios internacionales estables, “entonces, un aumento del 50 por ciento es más del doble de cualquiera de esos otros indicadores”, lo que implica, en definitiva, “un aumento importante en términos reales”.
No obstante, el economista aclara que hay otros argumentos del lado del Gobierno bonaerense, que “explican que la base sobre la que aumentan en términos de renta agropecuaria es relativamente baja, porque de toda la presión impositiva solamente un 8 por ciento es provincial, y de eso, la mitad corresponde al inmobiliario. Es decir que es un impacto sobre ese cuatro por ciento”.
También se suele utilizar como argumento para esto el tema de los costos por las obras por las inundaciones, “aunque en este caso los productores podrían decir que esas obras ya las pagaron más de una vez y si no se hicieron, no es culpa de ellos”.

Carbap reclama
Alfredo Rodes asegura que en 2018 “la presión impositiva va a ser mucho más elevada que la de este año” producto del aumento del Inmobiliario en un 50 por ciento: “Si podemos decir que la inflación está bajando, este incremento en el impuesto es totalmente desquiciado para el productor. Además, vemos que la baja que se comenta en Ingresos Brutos no lo alivia al sector, al contrario, ha habido otros rubros privilegiados pero no el agropecuario en la carga de este tributo. Por otra parte, si hubiera una baja nunca sería compensada con la suba del inmobiliario con la proporción que se ha hecho”.
Otro de los puntos que destacan en Carbap es la “desproporción en el impuesto a los sellos, que se pregona que baja pero para el campo sube un 40%, algo que va directamente sobre la producción, sobre un cambio de alícuota de 0,75 al 1,05 por ciento”. Y remarcan que hoy la carga de Sellos es mayor a la de Ingresos Brutos, “algo que el Parlamento y el propio Ejecutivo, al mandar el mensaje, no lo han tenido en cuenta”.
Es por ello que durante la semana Carbap, conjuntamente con el resto de las entidades, estuvo debatiendo este tema “que es muy preocupante”.
En ese contexto, Rodes aclara que las entidades agrarias aceptan que el Inmobiliario “tiene que moverse todos los años, pero siempre se ha hecho en función de la pauta inflacionaria”, algo que no sucedió en este caso: “En 2017 aumentó un 38%, el año pasado fue un 28%, pero si a esas dos subas le sumamos un 50% vemos que desde que asumió este gobierno, se registra un incremento superior al 150%. Para un sector que tiene precios fijos o en baja para su producción, este 50% está siendo un aumento en moneda constante. Nosotros veríamos que el Inmobiliario podría haber subido un 20% en función de la inflación ocurrida y la esperada, pero no tanto”.
Hay voces dentro del ámbito agropecuario que sostienen que se les aplica estos impuestazos porque es un sector que no tiene incidencia en el precio final del producto, ya que deben comercializarlos en los mercados oficiales a los valores ya establecidos.
Con todo, Rodes pone el acento en que estas decisiones derivan en que “hay mucho de lo producido que no queda en el bolsillo del productor y desde ya que eso perjudica al interior, porque el peso que el chacarero no recibe es el peso que no gasta en la ciudad, es plata que no va ni a Junín, ni a Chacabuco, ni a Areco y es dinero que se retacea al circuito comercial de los pueblos del interior”.

Sin justificativos
El ingeniero Alejandro Borchex, delegado de la Sociedad Rural Argentina en Junín, coincide con el panorama trazado por los referentes agropecuarios. “El aumento anunciado por la Gobernación del 50% del impuesto inmobiliario es un dato que, como no tiene ninguna relación con la inflación pasada y la que declama el Gobierno para el futuro, lo consideramos como una carga al campo, y es muy difícil encontrar motivos justificatorios”, afirma.
En su análisis, advierte que el del campo es un sector “sobre el que se carga mayor presión fiscal”, ante lo que se pregunta por qué motivo o dentro de qué contexto se lleva a cabo. “En lo personal –se responde el propio Borchex– ahí es donde me aparecen todas las dudas. De acuerdo al Pacto Fiscal firmado hace pocos días, se ha determinado no gastar más de lo que se mueva la inflación, y otro dato fundamental es el compromiso de no endeudarse más que el 10% de sus ingresos corrientes, y lamentablemente vemos que este incremento del Inmobiliario se da cuando no hay ninguna señal de que se va a gastar menos, porque si uno relaciona rápidamente la reducción de gastos de la Provincia para el ejercicio próximo, ve que importa solamente el 0,4% del presupuesto”.
El productor y dirigente juninense no ve por parte del Gobierno “una actitud contraria al sector, ni ideológica”, sino más bien, una decisión de recaudar más fondos, de mejorar las posiciones contables de la Provincia, “actuando sobre sectores que, según entienden, pueden aguantar este tipo de sobrecargas fiscales”.
Para Borchex, “todo el sector agropecuario está preocupado porque, como lo ha dicho el presidente de la Sociedad Rural Argentina, al hombre de campo no le sobra plata en el bolsillo. De manera que esta imposición desmedida no pasa desapercibida”.
Y concluye: “Es cierto que hay una reducción paulatina de otros impuestos, pero si uno analiza esas medidas, deberá irse hasta el año 2021 o 2022 para ver una disminución sensible, entonces el gusto es bueno, pero sabe a poco. El sector, en mi opinión, reacciona con derechos porque lo que falta es el contexto para hacer un ajuste tributario de esta magnitud en el Inmobiliario Rural, y el contexto es que se tendría que gastar menos”.