1543 motos fueron compactadas hoy por el Gobierno de Junín y lo recaudado por esta acción se destinará a la cooperadora del Hospital Interzonal Abraham Piñeyro.
Es el segundo proceso de compactación que se lleva a cabo bajo la gestión del intendente Pablo Petrecca.
Desde el Municipio destacaron, además, el positivo impacto ambiental de esta acción.
Al respecto, la Dra. Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno del municipio, expresó: "Es el segundo proceso de compactación que estamos llevando a cabo en la gestión del intendente Pablo Petrecca, muy satisfechos porque el proceso administrativo ahora ha sido más expeditivo, a pesar de que es muy complejo y requiere un permanente seguimiento, muchos informes y de distintas áreas. Es muy gratificante ver que el resultado se concreta y ver hoy la compactadora realizando su trabajo".
"Como dijimos en la primera compactación, esto es fundamental entender lo que implica circular con motos sin la documentación correspondiente o infringir las leyes de tránsito", mencionó de Miguel, quien también resaltó que "el resultado final de todo esto implica una donación a la cooperadora del hospital".
La funcionaria destacó también "la participación ahora del Ministerio Público Fiscal, que se suma a este proceso, junto a las distintas dependencias policiales, pudiendo realizar todo el trámite administrativo correspondiente para compactar vehículos que están dentro de distintos procesos judiciales. De manera que seguiremos trabajando en conjunto en este sentido, pero con el objetivo de que las compactaciones sean cada vez menos".
Consultada sobre todo el proceso previo para llegar a cada compactación, Agustina de Miguel señaló que "ha sido muy arduo porque el municipio de Junín fue pionero en la Provincia. Cuando iniciamos en la gestión nos encontramos con un expediente iniciado, pero que había quedado a medio camino, ya que la ley provincial decía que solo podía compactar una empresa perteneciente al registro único pero no había ninguna inscripta. Allí comenzamos a trabajar para poder avanzar y fue como dimos con el Programa Nacional de Compactación (ProNaCom), creado por el Estado Nacional, y con ellos fue que pudimos avanzar".
El fiscal general del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Junín, Dr. Juan Manuel Mastrorilli, estuvo presente observando los trabajos de compactación, allí comentó que "hace tiempo comenzamos con todo el proceso también para compactar aquellos vehículos que fueron confiscados por distintos procesos judiciales y que se encuentran a disposición del Estado. La tarea de desafectar un auto de un proceso judicial es muy ardua, que requiere de un trámite administrativo muy complejo y que hemos podido llevar a cabo conjuntamente con la policía departamental".
Por su parte, Walter Feletto, titular de la jefatura departamental de policía, recordó que "todo esto comenzó con el retiro de vehículos secuestrados que se encontraban en las dependencias policiales, algo muy negativo para los vecinos y los transeúntes. Luego continuamos con todo el proceso administrativo, como se mencionó, para llegar a esta compactación de vehículos obsoletos".
En este punto, la Dra. Agustina de Miguel remarcó que "las cuestiones positivas de este proceso son varias: por un lado, un impacto ambiental muy importante, logrando la limpieza de distintos sectores de la ciudad, vale recordar en este marco las imágenes que dejaban las comisarías de nuestra ciudad hace un tiempo atrás, y el proceso serio de descontaminación que tiene como protocolo la empresa compactadora. Por otro lado, también se genera un ingreso para el hospital, muy importante para seguir atendiendo las necesidades diarias".
Para finalizar, es oportuno recordar que el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de automotores, a cargo de la Valeria Caricatti, previo a la compactación, lleva adelante un proceso de descontaminación de los vehículos, en este caso motos, además de certificar la correcta disposición final de todos los elementos contaminantes. Este programa determina que esto no le genere ningún costo al municipio y que la empresa que lleva adelante la compactación, paga por la chatarra y ese monto es destinado a una entidad pública de la ciudad.
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