El ex diputado por el radicalismo y fiscal anticorrupción, Manuel Garrido estuvo ayer en la ciudad en el marco de la presentación del Centro de Estudios de Fraude, Anticorrupción y Compliance que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Unnoba, junto al doctor Maximiliano Brajer, otro de los artífices del centro de estudio.
Previo a su presentación, Garrido dialogó en exclusiva con Democracia sobre los niveles de corrupción en Argentina y respecto de dos cambios fundamentales en la agenda de transparencia como son la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas.
Medición de la corrupción
Consultado sobre los niveles actuales de corrupción en nuestro país, Garrido explicó que, “en general la corrupción se mide por la percepción que existe sobre la corrupción y la Argentina sigue teniendo altos índices de corrupción, según la medición del Índice de Transparencia Internacional. En la última medición, Argentina tenía algo así como 36 puntos sobre 100 que es el país menos corrupto”.
La Oficina Anticorrupción apunta más a la transformación de políticas que a la investigación.
Además indicó que “más allá de los escándalos de corrupción que sacuden las noticias día a día, lo cierto es que lo importante viene a ser lo estructural y en lo estructural Argentina viene teniendo mediciones bajísimas recurrentemente, todos los años”.
Para Garrido, resulta incluso peor entender que “comparada con otros países de la región, no comparemos con Noruega, ni Dinamarca que son los países menos corruptos en ese índice de percepción, Argentina aparece con una percepción de corrupción mayor que Uruguay, Chile y Colombia”.
Para el diputado es un problema que requiere algo más que ser mencionado en el discurso político, aunque destaca que “ha habido algunos avances en el último año, como la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por hechos de corrupción pero hay una agenda pendiente muy importante. Y sobre eso queremos trabajar en el centro”.
Falta de independencia
Respecto del trabajo que se realiza desde la Oficina Anticorrupción Nacional que preside Laura Alonso, Garrido considera que “le falta independencia”.
“La Oficina tiene un problema que arrastra desde su creación y es su falta de independencia. Pese a los reclamos de la sociedad civil, de los propios funcionarios de la oficina anticorrupción, lo cierto es que la política viene resistiendo darle mayor nivel de autonomía a la oficina y esto se refleja en los problemas que atraviesa, en relación con la credibilidad de sus dictámenes”, expresó.
“Este es un momento en el cual la oficina anticorrupción puede avanzar. Está claro que la gestión de Laura Alonso en la oficina y, la propia Alonso lo ha dicho, apunta más a la transformación de políticas que a la investigación”.
Agenda de transparencia
Sobre algunas transformaciones que se han dado en el último tiempo, Garrido destaca el impulso de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas que ha sido aprobada este mes y que según él implica un gran avance.
Argentina aparece con una percepción de corrupción mayor que Uruguay, Chile y Colombia.
“En la agenda de transparencia ha habido dos cambios importantes a mi criterio: uno es la Ley de Acceso a la Información Pública, es un viejo anhelo de la sociedad civil y que también coincide con la agenda de Derechos Humanos porque estamos hablando del derecho de acceder y difundir ideas, y en ese sentido eso fue un gran avance y Argentina tenía un gran retraso en comparación con otros países”, indicó.
Sobre otro avance, la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas, Garrido aseguró que “implica un impulso importante para mejorar los estándares de prevención, sobre todo en el sector privado. Es un impulso que está dando el estado para que las empresas eleven sus niveles de transparencia e integridad. Falta mucho más aún y se espera que estas leyes se implementen adecuadamente”.
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