En menos de dos meses, se registraron en las escuelas de Junín, al menos 71 amenazas de bomba, según consta en el expediente judicial, al que tuvo acceso Democracia. En este contexto, el juez federal de Junín Héctor Plou libró oficios a los establecimientos educativos en los que ordena a las autoridades a adoptar medidas disciplinarias contra los menores involucrados en las intimidaciones públicas, que también deberán presentarse a declarar.
Además, como informó este diario, ya se libraron cinco multas de entre 25 y 30 mil pesos a vecinos de Junín involucrados con los llamados telefónicos, luego de que arrojaron resultados positivos nueve allanamientos en distintos domicilios (ver recuadro).
Una fuente vinculada a la investigación recordó, en diálogo con este diario, los inconvenientes que tuvo un menor –quien fue expulsado de un conocido colegio privado de Junín- por hacer estas llamadas intimidatorias, ya que cuando sus padres quisieron salir del país, no lo pudieron hacer porque la justicia se lo impidió.
Es que –coinciden los expertos- lo que en apariencia se asemeja a una travesura de adolescentes o pre-adolescentes, en verdad está tipificado como un delito grave.
Los casos
El 4 de septiembre hubo una amenaza de bomba en la EEM 9, en Almafuerte y Winter, y un día después, en el colegio Comercial y en el San José.
El 6 de septiembre, en el Comercial, Nuestra Señora de Luján (Arias 70), la escuela N°6, la escuela 1 y el colegio industrial. Un día después, hubo intimidaciones en la escuela Normal y en el Nacional.
El 12 de septiembre, en la escuela 1, Comercial (en dos oportunidades), en el colegio Marianista, en la Escuela Secundaria 6 (Almafuerte al 300), en la Escuela 18 (Dorrego y Siria), en la Escuela Manuel Dorrego y en la EES 12 (Pasaje Democracia y avenida La Plata).
Veinticuatro horas después, los blancos de las amenazas fueron la Escuela Normal, la escuela 22 (Arias 478), la Escuela 2 (Alem 331), la escuela Industrial, la escuela Comercial, la Escuela 18 (dos veces), la Escuela 21 (Arquímides y Payán), y la Escuela 1 (dos veces).
El 14 de septiembre, se registraron en la EES 9 (Almafuerte 308), EES 6 (Almafuerte 27), en el Jardín 908 (Ameghino 327), Manuel Dorrego, y las escuelas 16 y 18. El 15, Industrial, Comercial, 22, escuela Media 9 y Manuel Dorrego. El 18, Comercial, Industrial, ex Nacional, Media 9, Manuel Dorrego y Media 18. El 19, el Industrial, y el 25, el Nacional. El 27, el Nacional y la Escuela 22. El 28 y el 29, el Nacional y el Industrial.
El 2 de octubre hubo amenazas en el ex Normal y el ex Nacional, y en la Escuela Secundaria 1, y el 3, en el Nacional y en la Manuel Dorrego. El 4, en el Normal y en la Secundaria 1, el 5 en el Nacional, el 6 en la EES 9, y el 9 en el ex Nacional. El 10, en el Nacional, el 13 en el Nacional y en la EES 1 (Primera Junta y Pasteur). El 17 en el Nacional y el Normal, el 18 en el Nacional, el 19 en el Normal y el Nacional y ayer nuevamente en el Nacional.
Más de 1500 en la Provincia
El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, reveló que este año ya se realizaron más de 1.500 amenazas de bomba en escuelas, al tiempo que señaló que por esos hechos hay siete adultos imputados y casi 100 menores identificados.
“Tenemos siete casos de imputados mayores, 46 menores imputables (mayores de 16 y menores de 18), 52 inimputables y un mayor con problemas psiquiátricos, también inimputable”, dijo Conte Grand.
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Y reconoció que las amenazas pudieron haber sido causadas por “otras circunstancias” diferentes a motivaciones políticas, pero afirmó que “hay claramente una aprovechamiento ulterior”.
El procurador sostuvo que la investigación “avanza además en la instigación o la coparticipación de adultos en el delito, en la medida que identificamos que se les otorgaban a los menores los elementos necesarios para cometerlo”, acotó.
“En principio, muchos de los menores inimputables, según lo que nos dicen nuestros fiscales, son chicos que habrían actuado para evitar un examen o por hacer una broma, pero no estoy seguro que esto haya sido así en todos los casos”, aseguró el funcionario bonaerense.
También informó que está determinada “la existencia de siete teléfonos que concurren respecto de una red de teléfonos que han provocado estas amenazas. Pero no es una cantidad significativa respecto del total de los 1.505 casos”.
Además, aseguró que cada amenaza tiene “un costo directo de entre 30 y 50 mil pesos, a lo que habría que sumar el costo para el poder judicial. También hay gastos improductivos que implican la afectación de recursos que pueden llevar a unos 100.000 pesos”.
