Establecen protocolo de denuncia para amenazas de bomba y delitos en escuelas

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) estableció un protocolo de actuación que deben cumplir las autoridades de las escuelas y distintos funcionarios provinciales cuando se registran situaciones delictivas en los establecimientos educativos.
La guía de actuación surge tras la seguidilla de amenazas que se registraron en distintos colegios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, el resonante caso de Junín. 
Según explicaron desde la cartera educativa, el objetivo del protocolo es que la DGCyE tenga un rol activo ante este tipo de hechos y pueda ser admitida por la Justicia como particular damnificado, para poder colaborar con la investigación que se realice.
El escrito divulgado por la dependencia que comanda Gabriel Sánchez Zinny cuenta con nueve artículos que se deberán cumplir en cualquier establecimiento en que se den “situaciones de conflicto o riesgos grave”, según contemplan los puntos 4 y 7 del artículo 115 del decreto 2299/11. Se trata de “situaciones de vulneración de derechos de alumnos” y “delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella”.  
El protocolo determina que las autoridades educativas que tomen conocimiento de un hecho conflictivo deberán radicar la denuncia  en la fiscalía de turno y tendrán que informar sobre el suceso al “Inspector de Enseñanza, quien trasladará la información a la Jefatura de Distrito y ésta a la Jefatura de Región correspondiente”.
El traslado de información continúa con el aviso al delegado de la Dirección de Legal y Técnica Educativa, por parte de la Jefatura regional, quien será el encargado de presentar ante fiscalía un escrito para informar que la DGCyE “se pone a disposición” y “ofrece colaboración en la investigación” para la cual puede solicitar ayuda a “las autoridades escolares e inspectores”.

Casi mil hechos en la Provincia
En tanto, en su artículo final, el protocolo determina que “en caso de determinarse elementos conducentes de la participación de un alumno” en el hecho denunciado “el delegado de Legal y Técnica Educativa notificará al Inspector Jefe Regional a fin de que éste arbitre las medidas disciplinarias” de acuerdo a las normas de cada institución.
Vale recordar que la semana pasada se conoció que en el último mes hubo casi mil amenazas de bomba en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, registrándose un alto incremento tras el receso invernal.
En tanto, otra situación que preocupa a la comunidad educativa es la agresión a profesores. Un caso único se dio recientemente en una escuela de La Plata cuando todos los docentes pidieron licencia después de que el padre de un alumno insultara a un profesor de educación física.

Seis detenidos en Junín
Seis personas, entre ellas cinco mujeres, fueron detenidas por la Policía de la provincia de Buenos Aires acusadas de realizar en los últimos días varias amenazas de bomba en colegios de esta ciudad.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la DDI local, quienes a partir de análisis tecnológicos pudieron determinar las identidades de los imputados y capturarlos tras seis allanamientos.
Las acciones realizadas por esas personas, mediante llamados telefónicos a la línea de Emergencias (911), generaron durante varios días caos en los establecimientos educativos, que devinieron en intervención de Peritos en Explosivos, Personal de Seguridad y la presencia de autoridades Judiciales para supervisar los operativos.
Una vez identificadas las líneas telefónicas y los usuarios desde donde se realizaron las amenazas, la justicia ordenó las seis órdenes de allanamientos.
Los detenidos tienen entre 30 y 60 años, y quedaron imputados por el delito de “Intimidación Publica”. En el caso interviene, la Fiscalía Federal de Junín, a cargo de Eduardo Varas, y el Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Penal, cuyo titular es Héctor Pedro Plou.