Siete años más tarde de aquella numerosa marcha que recorrió las calles céntricas de la ciudad para manifestar su rechazo a la posibilidad de que la entonces Alcaidía 49 se convirtiera en una cárcel –cosa que efectivamente sucedió– el fantasma de la construcción de una nueva prisión en Junín puso en alerta a la ciudadanía.
Fue en una nota publicada hace una semana en un diario nacional donde se informó el plan para erigir nuevas penitenciarías, de las cuales, una de ellas sería en nuestra localidad, con capacidad para unos 3.600 internos. Enseguida, el intendente Pablo Petrecca hizo público su desacuerdo y se comunicó con las autoridades nacionales del área, mientras que en las redes sociales se convocó a una manifestación para expresar el repudio a este proyecto y la Federación de Sociedades de Fomento llamó a una reunión de urgencia y pidió la conformación de una multisectorial para frenar la iniciativa.
Todo se resolvió –al menos hasta ahora– el pasado miércoles, cuando Petrecca afirmó en conferencia de prensa que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, “confirmó que Junín ya no será destino para la creación de una nueva cárcel”.
El hecho volvió a poner en escena un viejo debate que hay en nuestra comunidad: si la construcción de unidades penitenciarias tiene relación directa con el delito del lugar.
Cárcel y delito
La discusión sobre este tema ya había sido muy acalorada en aquel año 2010 y reapareció por estos días.
Para el edil del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante, Andrés Rosa, “en el imaginario colectivo hay una falsa idea, o por lo menos sin evidencias empíricas, de que el establecimiento de cárceles genera mayor inseguridad, y eso es un mito”.
Efectivamente, ese argumento apareció con fuerza esta semana desde el ámbito comunal. Fue Luis Chami, el principal asesor en materia de seguridad del intendente, quien señaló de manera contundente en una entrevista con Democracia: “La realidad es que las cárceles generan inseguridad, hay un 90 por ciento de los presos que no son de Junín. Está comprobado, al visitante que viene tenés que hacerle un seguimiento, vienen con vehículos que no están en condiciones, personas con pedidos de captura, es mucha la inseguridad que trae la cárcel, es una realidad”.
Más moderado, el secretario de Gestión y Modernización del municipio, Juan Fiorini, sostuvo en declaraciones radiales al programa Río Revuelto que “claramente los vecinos no quieren eso, ya se había activado una marcha, la gente no quiere más cárceles, hay quien piensa que eso está relacionado con el delito que existe en la ciudad, y eso es solo una parte, pero la relación no es un ciento por ciento”.
Otra voz que se alzó en estos días fue la de la Federación de Sociedades de Fomento. En diálogo con este diario, su titular, Osvaldo Giapor, negó enfáticamente que desde la institución se establezca un vínculo entre cárceles e inseguridad: “Generalmente, un 85% del delito que se produce en la ciudad es de gente de Junín, nosotros somos los fabricantes de los chorros de esta ciudad, puede haber una cantidad de gente que viene de otro lado, puede ser que alguno de los que vengan a visitar a los presos o algunos que cumplen su condena se queden en la ciudad, pero la mayoría de los detenidos, si uno ve quiénes son, se va a dar cuenta de que los apellidos son nuestros”.
Sin embargo, al momento de argumentar el porqué de la oposición tan contundente de la Federación hacia la posibilidad de una nueva penitenciaría, Giapor remarcó que “ya tenemos la cuota de porquería en la ciudad, no podemos ni debemos soportar otra cárcel en Junín”.
Otra institución que manifestó su rechazo a la iniciativa fue el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín. Al momento de los argumentos, su presidente, Lisandro Benito, explicó: “Esto no es solo por la cuestión que suele decirse, y que algo de razón le cabe, sobre que las cárceles generan traslados de familiares de delincuentes que quedan boyando –por decirlo de alguna manera– en la ciudad y que eso crea incertidumbre, mayor peligrosidad e inseguridad. También porque hay que respetar los principios de la ejecución penal y uno de ellos tiene que ver con la inmediatez, esto significa que los jueces de ejecución penal tengan un contacto directo con los detenidos, y eso no se va a dar si tenemos una cárcel federal en Junín –como decía el proyecto de acuerdo a la nota periodística– con detenidos por causas tramitadas en otros departamentos judiciales de mucha distancia. Así que también hay un fundamento en ese sentido, somos críticos desde ese lugar”.
Sin evidencias
Lo cierto es que sobre este tema hay muchas opiniones y pocas evidencias. En el año 2007 el abogado y ex presidente del Concejo Deliberante Pablo Petraglia publicó el libro “A XX de los CC”, un ensayo en el que el autor reflexionaba sobre el camino que debería transitar la ciudad de cara a su bicentenario, para el que todavía faltaban veinte años.
En uno de los capítulos aparecía el tema de la cárcel y allí se planteaba que no había datos que avalaran la hipótesis de que existiera una relación directa entre la instalación de unidades penitenciarias y el crecimiento de los delitos. Y para reforzar esta posición, se daban ejemplos de ciudades –como Pergamino– que, sin tener prisiones en su jurisdicción, tenían el mismo nivel de inseguridad o aún mayor.
Una década más tarde, la conjetura sigue teniendo el mismo valor.
“Cuando uno habla con el vecino, surge muchas veces eso de que la cárcel trajo más violencia, más inseguridad, pero los que trabajamos en esta materia y estudiamos esto sabemos que es falso, que el delito y la violencia tienen que ver con actores locales”, asevera Andrés Rosa. Con todo, el concejal massista considera que “hoy es muy difícil disociar ese pensamiento del imaginario social”.
Más razones
Lo que se vio en esta semana es que el rechazo a la cárcel tiene un consenso generalizado en nuestra sociedad y los argumentos no solamente pasan por la creencia de que esto puede influir en la cantidad de delitos.
El mismo Rosa, que no acuerda con esa hipótesis, también se opone a una cuarta penitenciaría, pero por otros motivos: “Lejos estoy de tener un pensamiento abolicionista, pero entiendo que la política pública de un gobierno para bajar el delito y la inseguridad no puede ser la de crear más cárceles. La inversión y los presupuestos tienen que estar destinados a la cuestión social como prioridad. El resto, es maquillaje y seguir trabajando sobre las consecuencias, sin atacar las causas. Y hay que decir que cuando un gobierno decide destinar dinero para construir penales le está sacando presupuesto a otras áreas como educación, salud o vivienda”.
Por su parte, para Rodrigo Esponda, jefe regional del Renatre y dirigente de Carbap, “el hecho de que se sigan instalando cárceles, no suma al desarrollo y al crecimiento de la ciudad”. Y profundiza: “Yo no creo que una cárcel o su instalación sea sinónimo de delito, pero deseo que las inversiones que la Nación piensa hacer en nuestra ciudad sean productivas y generen inversiones productivas. Por eso sostengo que no amerita que se siga desarrollando el sistema penitenciario en nuestra ciudad”.
Desde la Sociedad Comercio e Industria, su titular, Diego Ruiz, manifestó que “la posición de la institución es de desacuerdo con una cuarta unidad penitenciaria, máxime teniendo en cuenta lo que se planteó esta semana, que hubiera sido una cárcel federal, por lo que los internos serían de alta peligrosidad, y esta entidad considera que Junín ya tiene su cupo cubierto en cuanto a su cantidad de cárceles”.
El dirigente del comercio local agregó que, si bien no hubo un comunicado formal del organismo que encabeza, mantuvo contacto con numerosos miembros y advirtió que hay consenso en este punto.
Otros destinos
Uno de los puntos de discusión que se abrió a partir de esta posibilidad es sobre el lugar donde iba a estar emplazada la cárcel que estaba proyectada: los terrenos pertenecientes al Ejército.
En ese marco, hay quienes, con una actitud propositiva, plantearon alternativas para desarrollar en esas tierras, si es que son ociosas.
Uno de ellos fue Esponda, quien recordó un proyecto que fue presentado cuando era presidente de la Sociedad Rural de Junín: “Habíamos empezado a charlar sobre la posibilidad de hacer un emprendimiento que vinculara al municipio, la universidad y las instituciones intermedias, para hacer una escuela agropecuaria en esos predios donde hoy se quiere instalar una cárcel”.
Giapor, en tanto, también consideró que en esos lotes “se podría haber propuesto la instalación de alguna iniciativa que tenga que ver con esta zona, que es la Pampa Húmeda, como una fábrica de tractores o maquinaria agrícola, o una escuela industrial distinta y más grande, pero no una cárcel”.
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