Tras la versión publicada por un diario nacional sobre un proyecto del Gobierno para crear una nueva cárcel en Junín, más precisamente, en el predio del Ejército, el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, solicitó una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, para expresarle “el rechazo de los vecinos”, según adelantó el propio jefe comunal.
Asimismo, según se informó, el intendente concretó una comunicación telefónica con Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia bonaerense.
Es que esta iniciativa, que hasta el momento no fue oficializada por ningún funcionario del Gobierno, se da en el contexto de un fuerte rechazo social. En efecto, ya está circulando por las redes sociales la convocatoria de vecinos autoconvocados a una marcha, mañana, a las 20, en la Plaza 25 de Mayo de Junín, bajo la consigna de “Junín dice no a la construcción de una nueva cárcel”.
También circula en Internet, en el sitio Change.org, una petición al Presidente de la Nación para que no se sumen más cárceles a la ciudad, donde se invita a los ciudadanos a firmar.
“En la reunión solicitada con el ministro, se abordará el tema de la nueva cárcel y se comunicará la voluntad de los vecinos. Cabe destacar que en nuestra ciudad ya existen dos unidades penitenciarias construidas en los años 1979 y 1983, y una alcaldía inaugurada en el año 2009”, informó el municipio.
En su cuenta de Twitter, Petrecca dejó asentado su rechazo a la construcción de un nuevo penal en la ciudad: "Mientras sea intendente voy a oponerme a la construcción de nuevas cárceles en Junín. No se repetirá la misma indiferencia que en 2009".
Chami: “Cayó Junín porque era fácil”
Ayer, en una entrevista con Democracia, Luis Chami, principal asesor en Seguridad del intendente Petrecca, reconoció que “hay intenciones de reformar el sistema carcelario de parte de los gobiernos nacional y provincial”.
Y agregó: “Es un trascendido periodístico, cayó Junín porque era fácil, porque se peleaban los políticos de turno para poder meter gente de su entorno político a trabajar en la cárcel”.
“Tres cárceles es muchísimo para Junín, que ya pagó el costo, a través de malas decisiones”, consideró el funcionario.
“El intendente Petrecca fue muy claro, mientras él gobierne no va a haber nuevas cárceles y no está en el proyecto de ciudad que quiere a futuro”, sostuvo.
“Más inseguridad”
“La realidad es que las cárceles generan inseguridad, hay un 90 por ciento de los presos que no son de Junín. Está comprobado, al visitante que viene tenés que hacerle un seguimiento, vienen con vehículos que no están en condiciones, personas con pedidos de captura, es mucha la inseguridad que trae la cárcel, es una realidad”, dijo.
“En el gobierno anterior era el ‘siga, siga’, y por no corregir a tiempo, terminó la ciudad prendida fuego por los propios vecinos de Junín, llegó un hartazgo tan grande, y después en las elecciones el vecino les dio la espalda”, afirmó.
“El sistema hasta acá no sirvió”
“Faltan plazas en las cárceles, y en los próximos años va a haber más presos, porque el sistema hasta acá no sirvió, fue muy garantista y en algunos casos abolicionista. Lo vimos en Junín con la jueza que liberó a José Luis Correa”, afirmó, y agregó que “hay una intención de cortar el ‘siga, siga’, no puede ser que alguien cometa un delito y no pase nada, pero para eso hay que preparar al sistema para que lo pueda soportar. Va a venir una catarata de gente presa, porque se acabó la impunidad, no puede ser que la víctima sea el vecino y que los derechos humanos sean para el delincuente, porque acá se creó un código penal con la visión de Zaffaroni (Eugenio, el juez, jurista y criminólogo argentino), totalmente abolicionista, eso empieza a cambiar”.
El plan de construcción de penales que elaboró el equipo del ministro de Justicia, Germán Garavano, y ya fue aprobado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, responde a uno de los cien objetivos de gestión que trazó Presidencia de la Nación para modernizar el servicio penitenciario y mejorar la situación de los reclusos. Y contempla que a fines de 2019 haya más de 20 mil lugares de detención, con una meta aún más ambiciosa, como política a largo plazo: en 2023, siempre que se cumpla con el proyecto, la capacidad será de 24.328 plazas. Para los próximos años, la inversión prevista supera los $7.500 millones.
En el Gobierno admiten que, a partir de las reformas que se impulsan en materia penal en el Congreso, la población carcelaria crecerá en los próximos años. Y quieren evitar que jueces garantistas liberen delincuentes peligrosos en virtud de las malas condiciones de detención que ofrece el sistema. "No queremos quedar en la encerrona de 'cárcel para todos' ó 'todos libres' al que nos quieren empujar desde distintos sectores. Y tenemos que garantizar que las cárceles sirvan para reinsertar a las personas que delinquen", explican.
La provincia de Buenos Aires es un caso aparte. Hoy en Provincia hay unos 35 mil reos y en muchas unidades se registran graves casos de hacinamiento, ya que la capacidad es de apenas 27 mil plazas, situación que motivó a la María Eugenia Vidal a implementar un plan global de reforma penitenciaria que prevé un desembolso para la construcción de cárceles de $10 mil millones para los próximos diez años. En el Gobierno admiten que la población carcelaria bonaerense está integrada por una porción de presos "federales", situación que derivó en negociaciones con el ministro de Justicia Gustavo Ferrari: Nación evalúa asistir con un crédito de unos 750 millones de pesos a la provincia sólo destinados a infraestructura penitenciaria.
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