¿Qué hacer con los violadores? La pregunta que dejó el crimen de Micaela

La muerte de Micaela García en Entre Ríos a manos de un sujeto que contaba con antecedentes de violencia sexual y al que un juez entrerriano le había dado la libertad condicional poco tiempo antes de que cometiera el crimen, instaló un fuerte debate en la sociedad, con varias aristas. Una de ellas tiene que ver con una pregunta que se instala en todas las sociedades conmovidas por crímenes de este tipo: ¿Qué hacer con los violadores?
Las posibles respuestas a este interrogante son complejas y dividen opiniones entre los especialistas. Y, tal como indica el psiquiatra platense Pedro Gargoloff, “el posicionamiento teórico es muy amplio y va de un extremo representado por el paradigma punitivo pleno, a otro expresado en el paradigma resocializador alcanzable”.
En ese abanico de respuestas posibles, las que se enrolan en la primera variante son algunas tales como la prisión perpetua para los delitos de índole sexual asociados al homicidio, la castración química o el fuerte control del Estado sobre el violador una vez liberado, una variante que reconoce alternativas clásicas como los registros y otras más sofisticadas como el seguimiento permanente a través del GPS. Las opciones resocializadoras apuntan, por ejemplo, a la existencia de  programas específicos para tratar a los detenidos por delitos sexuales en las cárceles. Hoy no hay ninguna clase de tratamiento específico que los contemple, según indicó en el curso de esta semana la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco.
Mientras tanto, todos los especialistas coinciden en definir el perfil del individuo involucrado en delitos sexuales como complejo. Si bien invitan a analizar caso por caso y no caer en la tentación de hacer generalizaciones, hay algunos rasgos que se encuentran en la mayoría de los delincuentes sexuales. Entre ellos, la falta de empatía con la víctima, la búsqueda de la satisfacción de instintos primarios a partir del ejercicio del poder sobre la persona a la que victimizan y ciertas características calculadoras de la personalidad que hacen que su parte oscura no aflore en el resto de sus relaciones sociales o a la hora de adaptarse a rutinas carcelarias en las que suelen desarrollar buenas conductas y obtener luego beneficios.
Así lo indica, por caso, Darío Witt, creador del refugio platense para mujeres víctimas de violencia Casa Abierta María Pueblo, quien desarrolló oportunamente talleres para el tratamiento de delincuentes sexuales en un establecimiento penal de la región.
”Durante el desarrollo de estos talleres con 14 internos pudimos observar que este tipo de delincuentes tiene una imposibilidad de sentir algún tipo de empatía  con el sufrimiento de las personas  agredidas por ellos y menos aún el reconocimiento de algún tipo de derecho que asista a sus víctimas”, indicó Witt.
Uno de los aspectos en los que hacen hincapié los especialistas es en el índice de reinserción en este tipo de delitos. Si bien, como destacó en el curso de esta semana el ex juez de la Corte Suprema “no todos los violadores son reincidentes ni psicópatas”, los datos que maneja el psiquiatra platense Pedro Gargoloff indican que las cifras de reincidencia se ubican entre el 20 y el 100%.
La pregunta es entonces: ¿se debe neutralizar a los violadores o es posible neutralizarlos?
Algunas de las medidas aplicadas en el mundo combinan estos dos principios y suman a los tratamientos los registros de ADN, la castración química y hasta el grillete identificatorio susceptible de ser seguido por un GPS.
Pero en todos los casos se repite la misma polémica entre los partidarios de la defensa de los derechos individuales y los que alientan posiciones más duras.
En el caso de Micaela, la mayoría de las críticas apuntaron al juez que le dio la libertad condicional a su asesino a pesar de un informe del servicio Penitenciario que la desaconsejaba. No obstante, aunque el magistrado hubiera negado esa medida, Sebastián Wagner, el agresor de Micaela, hubiera salido dos años más tarde y el interrogante habría sido el mismo.
Entre los países con penas más duras se cuenta Indonesia, donde está prevista la pena de muerte, la castración química o una pena mínima de 10 años para violadores condenados.
En Turquía, por caso, es legal la castración química de los violadores, un procedimiento que consiste en inyectar fármacos que inhiben el deseo sexual y los efectos de la testosterona, una hormona masculina. 
La práctica, cuya efectividad también es cuestionada - hay especialistas que creen que aún con castración química el violento puede agredir - rige en Polonia, Corea del Sur, Rusia y algunos estados de Estados Unidos.
En el Reino Unido, el propio violador puede pedirla voluntariamente. Y una ley similar tiene la provincia de Mendoza, aunque todavía no se aplicó.
Otro instrumento es el registro que permite la identificación genética  de los violadores (ver aparte).
Para algunos especialistas, en tanto, en la Argentina, la solución tiene que llegar por la vía legislativa, a través de penas más duras que castiguen los delitos de índole sexual y también de la creación de tratamientos específicos para tratar a los presos por estos delitos en las cárceles.
Hoy, este tipo de tratamiento no existe en las cárceles argentinas. Hoy el preso por delitos sexuales cumple la misma condena en el día a día tras las rejas que los presos por otros tipo de delito.