SECRETARIA DE ACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE JUNÍN
Marisa Ferrari: "Hay familias viviendo en la precariedad desde hace 10 o 15 años"
La funcionaria local brindó una entrevista a TeleJunín, a menos de una semana de haberse conocido el nuevo informe de pobreza del Indec. "En Junín trabajamos para urbanizar los asentamientos", afirmó.
La semana pasada, el Indec dio a conocer después de mucho tiempo cifras oficiales de pobreza en el país y afirmó que a nivel nacional hay un 32,2% de pobres y un 6,3% de indigentes. ¿Cuál es la realidad en Junín?
-Cuando asumimos la gestión encontramos situaciones de precariedad consolidadas, lo que se conoce como asentamientos, es decir, más de siete familias viviendo juntas en tenencia irregular de la tierra y sin acceso a por lo menos uno de los tres servicios básicos.
En Junín hay muchos casos de este tipo, que datan de varios años atrás, quizás diez o quince. El más reciente es el barrio Las Marías, que empezó en 2013. Pero aún allí, dicho sea de paso, nos encontramos con varios inconvenientes.
En la Secretaría que hoy me toca conducir todo lo que había era un informe que decía que eran diez familias instaladas allí. La gran pregunta es por qué se permitió que hoy llegáramos a tener más de cuarenta.
-¿Cuál es la política del gobierno municipal frente a estos casos de familias en situación de calle o vivienda precaria y también frente a los lotes ocupados ilegalmente?
-La política pública que reivindicamos sostiene que la usurpación no puede ser el método para reclamar el derecho a acceder a una vivienda, que por otra parte es absolutamente legítimo.
Pero si habilitamos ese mecanismo, estaríamos siendo injustos con aquellas personas que se esfuerzan para poder adquirir su lote o para pagar un alquiler. Tenemos que adoptar un criterio más ecuánime. No podemos permitir una herramienta que está fuera del derecho como medio para acceder a un derecho.
-¿Cómo se trabaja para mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan los asentamientos?
-Lo que hacemos es trabajar en conjunto con estas personas en procesos de urbanización, en la medida en que estén en condiciones de regularizar su situación de tenencia de la tierra. Estamos avanzando en este proceso, principalmente con las familias que están instaladas a la vera de la Ruta 188.
Estas personas, por omisión del Estado, han quedado desprotegidas. Hay que atender este problema, pero siempre sabiendo cuál es el límite. La usurpación se ha vuelto una práctica social legitimada en los últimos tiempos por un Estado que optó, en líneas generales, por no intervenir.
Urbanizar, en cambio, es lograr que las personas superen la situación de precariedad y puedan tener sus viviendas. Es un trabajo sumamente complejo, aunque suena como una obviedad. Ya hemos tenido reuniones con muchas de estas familias y estamos tratando de proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan salir adelante.
Con los programas sociales que provee el Estado y con trabajos informales, muchas familias se han mantenido en el umbral entre la pobreza y la pobreza extrema. Pero es necesario dejar algo en claro: la pobreza no sólo es una cuestión de ingresos, sino también de vulneración de derechos y todavía vemos situaciones increíbles, impropias para el siglo XXI, como por ejemplo que muchas personas no tengan garantizado el acceso a agua potable.
-El Concejo Deliberante acaba de aprobar por unanimidad un proyecto de ordenanza del Ejecutivo para suscribir al convenio de financiamiento para la construcción de 50 viviendas, en el marco del programa Solidaridad con Municipios. ¿Van a tener prioridad en las adjudicaciones las familias que viven en condiciones de mayor precariedad?
-Esas viviendas son del Instituto de la Vivienda, por lo tanto será dicho organismo el que nos informe cuál es el perfil de los ciudadanos beneficiarios.
De todos modos, nosotros estamos tratando de acercar algunas alternativas a aquellas personas que no pertenecen a la franja de mayor vulnerabilidad, pero tampoco califican, por ejemplo, para un crédito ProCrear.
Pero todo esto lleva mucho tiempo. Cuando llegamos al municipio, y particularmente al área de Acción Social, encontramos mucho desorden y ni siquiera contamos con una base de datos seria. Hay mucho trabajo por hacer.
-Cuando asumimos la gestión encontramos situaciones de precariedad consolidadas, lo que se conoce como asentamientos, es decir, más de siete familias viviendo juntas en tenencia irregular de la tierra y sin acceso a por lo menos uno de los tres servicios básicos.
En Junín hay muchos casos de este tipo, que datan de varios años atrás, quizás diez o quince. El más reciente es el barrio Las Marías, que empezó en 2013. Pero aún allí, dicho sea de paso, nos encontramos con varios inconvenientes.
En la Secretaría que hoy me toca conducir todo lo que había era un informe que decía que eran diez familias instaladas allí. La gran pregunta es por qué se permitió que hoy llegáramos a tener más de cuarenta.
-¿Cuál es la política del gobierno municipal frente a estos casos de familias en situación de calle o vivienda precaria y también frente a los lotes ocupados ilegalmente?
-La política pública que reivindicamos sostiene que la usurpación no puede ser el método para reclamar el derecho a acceder a una vivienda, que por otra parte es absolutamente legítimo.
Pero si habilitamos ese mecanismo, estaríamos siendo injustos con aquellas personas que se esfuerzan para poder adquirir su lote o para pagar un alquiler. Tenemos que adoptar un criterio más ecuánime. No podemos permitir una herramienta que está fuera del derecho como medio para acceder a un derecho.
-¿Cómo se trabaja para mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan los asentamientos?
-Lo que hacemos es trabajar en conjunto con estas personas en procesos de urbanización, en la medida en que estén en condiciones de regularizar su situación de tenencia de la tierra. Estamos avanzando en este proceso, principalmente con las familias que están instaladas a la vera de la Ruta 188.
Estas personas, por omisión del Estado, han quedado desprotegidas. Hay que atender este problema, pero siempre sabiendo cuál es el límite. La usurpación se ha vuelto una práctica social legitimada en los últimos tiempos por un Estado que optó, en líneas generales, por no intervenir.
Urbanizar, en cambio, es lograr que las personas superen la situación de precariedad y puedan tener sus viviendas. Es un trabajo sumamente complejo, aunque suena como una obviedad. Ya hemos tenido reuniones con muchas de estas familias y estamos tratando de proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan salir adelante.
Con los programas sociales que provee el Estado y con trabajos informales, muchas familias se han mantenido en el umbral entre la pobreza y la pobreza extrema. Pero es necesario dejar algo en claro: la pobreza no sólo es una cuestión de ingresos, sino también de vulneración de derechos y todavía vemos situaciones increíbles, impropias para el siglo XXI, como por ejemplo que muchas personas no tengan garantizado el acceso a agua potable.
-El Concejo Deliberante acaba de aprobar por unanimidad un proyecto de ordenanza del Ejecutivo para suscribir al convenio de financiamiento para la construcción de 50 viviendas, en el marco del programa Solidaridad con Municipios. ¿Van a tener prioridad en las adjudicaciones las familias que viven en condiciones de mayor precariedad?
-Esas viviendas son del Instituto de la Vivienda, por lo tanto será dicho organismo el que nos informe cuál es el perfil de los ciudadanos beneficiarios.
De todos modos, nosotros estamos tratando de acercar algunas alternativas a aquellas personas que no pertenecen a la franja de mayor vulnerabilidad, pero tampoco califican, por ejemplo, para un crédito ProCrear.
Pero todo esto lleva mucho tiempo. Cuando llegamos al municipio, y particularmente al área de Acción Social, encontramos mucho desorden y ni siquiera contamos con una base de datos seria. Hay mucho trabajo por hacer.