Legítima defensa: afirman que en Junín hay entre 25 mil y 30 mil armas en blanco

Mientras la Justicia todavía trabaja para determinar si el médico Villar Cataldo actuó en legítima defensa o se defendió en realidad de manera excedida, al matar de cuatro disparos al asaltante Ricardo Krabler, el brutal caso desatado en una vereda de Loma Hermosa, partido de San Martín, reabre un viejo debate sobre la portación y el uso de armas en manos de civiles. ¿Más armas es igual a mayor inseguridad?
Para Carlos Ceratto, de la armería juninense Campini y Catena, en nuestra ciudad se calcula que hay un arma en blanco por hogar, o sea, “entre 25 mil y 30 mil armas”, a las cuales hay que sumarle el mercado negro.
Si bien Ceratto reconoce que en el último tiempo “se enfriaron las ventas” de armas, especialmente “por los mayores controles” para la tenencia y algunas demoras en la llegada de los documentos (el arma no se entrega hasta que el cliente complete toda la documentación), afirmó que “la gente encuentra en el arma una compañía”.
Con muchos años de experiencia en el rubro, el comerciante aseguró que “para una persona que está sola, en una zona peligrosa, el arma y el perro son una seguridad, porque un disparo al aire enseguida puede poner en fuga a los malvivientes”. Sin embargo, advirtió que “la persona que tiene un arma tiene que estar entrenada para usarla”. Y desaconsejó, en el caso de que haya niños en el hogar, dejar el arma cargada. “Una persona adiestrada carga el arma en cuestión de segundos”, dijo.

Precios
Según Ceratto, más allá de las armas que se usan con fines deportivos, en lo que hace a la seguridad personal o del hogar, los artículos más buscados “son los revólveres y pistolas”, con cierta preponderancia de estas últimas, aunque el especialista aclaró que “los revólveres son más seguros”. En relación a los valores, arrancan desde los 6 mil ó 7 mil pesos, más los gastos de documentación. “En total, armarse legalmente cuesta unos 10 mil pesos”, afirmó.
¿Más seguridad?
“Tener un arma no garantiza de por sí mayor seguridad”, sostiene Natalia Gambaro, directora de la Anmac (ex Renar) y para quien la mejor alternativa en este terreno es “seguir avanzando con las políticas de desarme de la población”. En esa sintonía se expresa también el ministro de Justicia Germán Garavano: “Estoy en contra de la portación y vamos a proseguir con la política del desarme -apuntó-, restringiendo las portaciones y avanzando hacia sociedades más pacíficas, donde la Justicia dé respuestas contundentes a aquellas personas que violan la ley”.
Las políticas a las que se refiere Garavano se vinculan con el Programa Nacional de Desarme, implementado en 2007 y que consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones, a cambio de un incentivo. En junio pasado, de hecho, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad y giró a Diputados un proyecto para establecer como permanente ese programa, pero lo concreto es que, más allá de las palabras de los funcionarios de turno, si uno intenta acceder actualmente al Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego se encontrará con que el sitio que se había creado para asesorar sobre el tema está paralizado. “El plan de desarme -se anuncia en la página oficial-, permanecerá suspendido a la espera de la sanción de la ley que prorroga el programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego”.

Bajo fuego
Al margen de la repercusión mediática, lo cierto es que el caso del médico y el ladrón abatido no es una excepción: en la Argentina mueren ocho personas por día por el uso de armas de fuego. Así, al menos, se desprende de los últimos datos oficiales reflejados en un trabajo realizado por el Ministerio de Salud de la Nación. Según ese informe, publicado en diciembre del año pasado, en 2014 hubo en el país 2.981 muertes causadas por armas de fuego.
El trabajo entra en sintonía con las cifras que maneja la Asociación Civil Alfredo Marcenac, un espacio creado en memoria del joven que fue baleado en julio de 2006 por un tirador serial y que viene trabajando para generar conciencia en la población sobre los aspectos negativos de portar armas y resolver conflictos mediante su utilización. Según esa entidad, en el país se registran 9 asesinatos y alrededor de 40 casos con personas heridas cada día.
Con todo, la construcción del imaginario colectivo en torno a los homicidios que se registran a diario en nuestro país se alimenta del erróneo concepto de que la mayoría de las muertes violentas con armas de fuego se relaciona a casos que ingresan en la denominada categoría de la “inseguridad”. Pero no: “Más del 80% de las muertes por armas de fuego no tienen nada que ver con este tipo de delitos -explican en la Asociación Alfredo Marcenac-, como robos, como se acostumbra pensar. La realidad es que el grueso de los fallecimientos por armas es provocado por accidentes en la manipulación de estos artefactos, negligencias, discusiones de tránsito, femicidios por violencia de género, problemas barriales o suicidios, entre otros”.
Las armas de fuego muchas veces aparecen como la solución ante una creciente inseguridad en las calles, aunque aún parece estar pendiente el debate profundo y riguroso -acaso alejado de las necesidades mediáticas- en la población sobre si aceptamos la posesión de un arma para combatir los crímenes o si, por el contrario, eso debe ser más restringido por los riesgos que genera.
Hugo Spinelli, investigador de la Universidad de Lanús, realizó un informe en el que detalla que entre 1983 y 2012 se produjeron 87.671 muertes por armas de fuego en nuestro país. “Cuesta encontrar motivos para defender el uso de armas en la sociedad”, sostiene el investigador, algo que difiere con la mirada de Américo García, presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas (Alutara) y quien defiende la posesión con fines deportivos. “Se debe educar y entrenar a quienes quieren utilizar un revolver para seguridad”, opina García.