El Concejo Deliberante de Junín aprobó ayer un proyecto de comunicación que expresa la preocupación por la “paralización de las causas por delitos de lesa humanidad que se suceden a lo largo de todo el país y por los reiterados pedidos de prisión domiciliaria para condenados”.
La iniciativa fue impulsada por el bloque del Frente para la Victoria (FpV) y sus integrantes aseguraron que la pronunciación del órgano deliberativo local “está en sintonía con un pedido de los organismos de Derechos Humanos”.
El pasado 14 de agosto, en el marco de las IV Jornadas de abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, que se llevaron a cabo en el Auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo, en el predio de la ex Esma, se emitió un documento en el que se exigió que “se declare el estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, Justicia pronta y activa”.
“Algunos jueces otorgan prisiones domiciliarias a genocidas con cadena perpetua, amparándose tanto en razones humanitarias como por la edad”, advirtió la concejal por el FPV y referente en Derechos Humanos, Olga Prieto.
“La realidad es que en el país los genocidas han tenido un justo y debido proceso: de los 2.436 represores imputados desde 2006, sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos, de los cuales 568 (54%) están en una cárcel, mientras 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que el 23% del total de represores está efectivamente en prisión. Sólo uno de cada cuatro”, agregó.
CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
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