El año 2014 cerró con un total de doce muertos por choques vehiculares en el casco urbano de Junín, cifra que generó un sacudón por su propia dimensión y por el fuerte contraste con lo que había acontecido el año anterior, cuando el número de víctimas fatales había llegado a cuatro.
En 2015, pese a que el nivel de accidentología cotidiano no bajó, se redujo casi a la mitad la cantidad de siniestros con final trágico, ya que hubo siete en doce meses. Sin embargo, la situación volvió a empeorar en el presente calendario: en ocho meses se contabilizó la misma cantidad de muertos (y agosto recién empieza).
Con ese recorrido estadístico no hacen falta muchas pruebas más para concluir en que el problema de la inseguridad vial sigue siendo un drama sin solución en la Ciudad.
Bettina Colossi, de la agrupación “Estrellas Amarillas”, consideró que el principal causante de tantas manchas de sangre sobre el pavimento sigue siendo la “falta de conciencia de los conductores”, sobre todo de aquellos que se movilizan en moto y que no llevan puesto casco.
“Podemos afirmar que si de diez motociclistas ocho usan el protector, es mucho”, le dijo Colossi a Democracia.
“De hecho, las ocho personas que murieron en lo que va del año no circulaban con casco puesto”, añadió.
Además observó que “desde el municipio no se llevan adelante grandes operativos, a los inspectores no se los ve tanto en la calle como estaban tiempo atrás”.
Otro de los que se refirió al asunto fue René Cervantes, jefe del servicio de emergencias del Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro”. Y lo hizo con preocupación, puesto que desde su óptica la problemática de los siniestros viales se manifiesta con la misma intensidad, y quizás con mayor fuerza aún, que años anteriores.
“Nosotros seguimos recibiendo en la guardia entre seis y ocho personas por día con distintos grados de complejidad en sus lesiones. Es muy raro que no se llegue a ese número diario, lo que origina todo un desafío para nosotros porque encima estamos con menos personal, dado que los profesionales que se fueron no han sido reemplazados y hay mucha resistencia de los médicos a entrar al sistema estatal”, describió Cervantes.
Con respecto a ese deseo que manifiestan varios facultativos de no trabajar en el HIGA, Cervantes opinó que el desgaste que implica afrontar situaciones “calientes”, no solo por la gravedad de los pacientes sino por los conflictos que se suelen desencadenar con las familiares de los heridos, es una de las causales. “A eso se suman que faltan recursos, insumos y que el sueldo no es el más redituable”, agregó.
La primera muerte de 2016 fue el 13 de marzo y tuvo como protagonista a un joven de 22 años, identificado como Alberto Miguel Porcel. Cinco días después perdió la vida Natalia Lorena Castro, de 38 años, madre de cuatro hijos y embarazada de cuatro meses.
El 28 de ese mismo mes, María Estela Herrera, una mujer de 61 años se convirtió en lamentable protagonista de un hecho con desenlace trágico.
El 15 de abril, Mónica Mazza, se estrelló en su moto contra una pared tras perder el control del rodado y murió.
El mismo final encontró Susana Giordano, de 60 años, el 2 de mayo alrededor de las 22.
El 15 de junio, a las 22.30, María Victoria Lemos Lencina, de 26 años, perdió la vida tras caer de su moto. Un episodio parecido tuvo como triste protagonista a Julio Peralta, de 31 años, once días después. El último de la lista, Roberto Gramajo, de 32 años, murió el lunes último.
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