Argentina impulsa la protección de escuelas en tiempos de guerra

Al menos en 21 países con conflictos armados las escuelas fueron objetivos de ataque y en unos 24 fueron utilizadas con propósitos militares, como ser convertidas en cuarteles o centros de detención, según la ONG llamada Coalición Mundial para Proteger a la Educación de Ataques. Con estas estadísticas, que solamente toman datos desde 2013 hasta la fecha, es que hace exactamente dos años se decidió redactar la Declaración sobre Escuelas Seguras, una iniciativa internacional liderada por Argentina y Noruega.

"Los ataques contra escuelas, estudiantes y maestros en tiempos de guerra son un problema mundial que necesita desesperadamente una respuesta global. Estas prácticas ponen en peligro la seguridad y la vida de los estudiantes y profesores, y restringen su derecho a la educación", explicó a Télam Bede Sheppard, subdirector de Derechos del Niño de Human Rights Watch.

“Argentina ha sido una voz fuerte que exhorta a los países a respaldar e implementar los compromisos dentro de la Declaración de Escuelas Seguras”, añadió el activista sobre la propuesta que, en el segunda aniversario, fue adherida por 65 países, un tercio de los Estados miembro de Naciones Unidas.

El papel del país fue clave en la redacción de la iniciativa en Ginebra en 2015, su presentación en Oslo, la búsqueda de firmas del resto de los países y en marzo de este año Buenos Aires fue sede de la II Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, una actividad organizada por Cancillería y el Ministerio de Defensa y a la que acudieron representantes de 85 naciones.

En el marco de esa reunión, el Colegio Nacional de Buenos Aires fue señalizado con el Escudo Azul de la ONU, que implica su protección especial en situación de conflicto armado y desastre por formar parte del patrimonio cultural e histórico del Estado Nacional.

La Declaración sobre Escuelas Seguras, entre otros considerandos, advierte que “en todo el mundo se han bombardeado e incendiado escuelas y universidades y los niños, los estudiantes y los profesores e investigadores han sido víctimas de asesinatos, mutilaciones, secuestros o detenciones arbitrarias”.

También apunta contra “la intolerancia y la exclusión” en el ámbito educativo como es “fomentar la discriminación de género mediante la prohibición de la educación a las niñas, perpetuar el conflicto entre ciertas comunidades, restringir la diversidad cultural y negar la libertad académica o el derecho de asociación”.

Un caso conocido sobre esto último es el de Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz (obtuvo el galardón con solo 17 años) por su lucha a favor del derecho a la educación. La activista fue baleada por el régimen talibán por promover el acceso a la escuela de las mujeres en su natal Pakistán, algo prohibido por esa facción fundamentalista islámica.

Sheppard afirmó que el documento “ya está haciendo más seguros” los colegios y enumeró algunos ejemplos para argumentarlo: “En Afganistán, el Ministerio de Educación utilizó el hecho de que su gobierno se unió a la declaración para abogar por la eliminación de los puntos de control militares y las bases en las escuelas; Nigeria está mejorando la seguridad escolar; el Ministerio de Defensa de Somalia amplió su unidad de protección infantil y la encargó de garantizar la seguridad de los estudiantes”.

“En la República Democrática del Congo la supervisión y la presentación de informes sobre los ataques contra las escuelas ha mejorado; las fuerzas de paz de la ONU en la República Centroafricana comenzaron a presionar a los militantes que ocupan y utilizan escuelas con fines militares para desalojarlos para que los niños puedan volver a estudiar; los grupos rebeldes e insurgentes de África, Asia y Medio Oriente recibieron capacitación sobre cómo proteger a las escuelas del uso militar, siguiendo los lineamientos establecidos en la Declaración”, continuó.

“Desde que se unió a la Declaración sobre la seguridad en las escuelas, varios países han compartido planes para actualizar su doctrina militar, sus entrenamientos y sus prácticas para abstenerse de utilizar escuelas con fines militares, tales como Italia, Nueva Zelanda, Eslovenia, Luxemburgo y Suiza”, completó.

El directivo de HRW resaltó que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, instó la semana pasada a que todos los países adhieran a la iniciativa y manifestó que desde la organización en la que trabaja “estarían particularmente interesados en que Colombia, Perú, Pakistán, Nepal, Estonia, Arabia Saudita, Yemen y Japón sean los próximos a unirse”.

Los gobiernos que se suscriben la declaración hacen un compromiso que incluye: mejorar el informe sobre ataques contra la educación; investigar y procesar posibles crímenes de guerra que involucran escuelas; y restaurar, rápidamente, el acceso a la educación cuando las escuelas sufren ataques.