El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó ayer que 125 “mercenarios” de “distintas nacionalidades” han sido detenidos tras ser acusados por “actos terroristas” que vinculó con la oposición, liderada por María Corina Machado.
Sin dar mayores detalles, Cabello dijo que la cifra incluye a venezolanos y extranjeros provenientes de Colombia, Estados Unidos, Perú, España, Italia, Uruguay, Suiza, República Checa, Líbano, Albania, Países Bajos, Israel, Argentina, Guyana y Yemen.
Van “125 detenidos, mercenarios, en este momento” por “la ejecución de actos terroristas en Venezuela, actos de desestabilización”, dijo en una rueda de prensa con medios oficialistas.
Las denuncias de planes para provocar violencia son habituales en el gobierno venezolano, que cotidianamente señalan a sus detractores de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia.
Cabello indicó que el financiamiento de los “mercenarios” detenidos “viene del narcotráfico y del narcoparamilitarismo colombiano, de la mano de (los expresidentes) Álvaro Uribe e Iván Duque”.
“Es el financiamiento que recibe la señora María Corina Machado de grupos terroristas que quieren llevar a Venezuela al caos”, agregó.
El anuncio llegó cuatro días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato seguido de seis años (2025-2031), entre denuncias de fraude de su reelección, y a tres de la convocatoria a realizar protestas el 9 de enero, hecha por Machado el domingo.
Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad, con policías encapuchados en los accesos de Caracas y los alrededores del palacio de gobierno y el Parlamento. Las estaciones del metro (subte) de Caracas son custodiadas por agentes armados.
La reelección de Maduro desató protestas que se saldaron con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos, incluidos adolescentes, que también fueron acusados de terrorismo y encerrados en prisiones de máxima seguridad. Unos 1.500 han sido excarcelados.
EL CASO DE NAHUEL GALLO
Entre los presuntos “mercenarios”, al decir de Cabello, se encuentra el argentino Nahuel Gallo, un suboficial de la gendarmería de 33 años, que quedó detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela por el puesto fronterizo del Puente Internacional Francisco de Paula Santander en Táchira para visitar a su compañera y al hijo de ambos, que cumple dos años este mes.
Los dos se encontraban desde hacía siete meses en Venezuela, por compromisos con su familia en ese país.
Sin embargo, el fiscal general venezolano Tarek William Saab asegura que Gallo trató de entrar ilegalmente al país y ahora se lo investiga “por su conexión con un grupo de personas que intentaron” desde Venezuela “y con el apoyo de grupos internacionales de extrema derecha llevar a cabo una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”.
Desde su detención el 8 de diciembre, Gallo se encuentra incomunicado, sin acceso a abogados de su elección y, pese a que el comunicado de la Fiscalía en el que consta su imputación afirma que ha sido puesto a disposición de un juez, la compañera del suboficial, María Gómez, asegura que desconoce ante qué tribunal fue presentado o cuál es su centro de reclusión.
Como se dijo, más de 2.000 personas han sido encarceladas después de las elecciones presidenciales, acusadas de participar en protestas o de intentar cometer actos terroristas.
Aunque la Fiscalía asegura que se han producido 1.369 excarcelaciones en los últimos días, producto de un “proceso permanente de verificación de casos”, la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Foro Penal contabiliza aún 1.794 personas privadas de libertad en el marco de los eventos poselectorales.
COMENTARIOS