Deberán rectificar las noticias falsas
El gobierno de España aprobó un plan para que los influencers con miles de seguidores en las redes sociales tengan la obligación de publicar una rectificación, al igual que los medios de comunicación, cuando difundan informaciones falsas o inexactas que perjudiquen a ciudadanos particulares. Esta medida forma parte de una estrategia para "reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información" impulsada por el ejecutivo español que preside el socialista Pedro Sánchez.
Fue uno de los compromisos del mandatario cuando, a finales de abril y tras cinco días de "reflexión" en los que se especuló con su dimisión, anunció que continuaría al frente del gobierno a pesar del "acoso" que sufría su esposa, Begoña Gómez, quien terminó investigada en los tribunales víctima de "bulos deliberados", según Sánchez, que entonces prometió "trabajar sin descanso" por "la regeneración pendiente" de la democracia española.
En concreto, el gobierno español propone actualizar la ley que regula el derecho de rectificación, vigente desde 1984, para extenderlo a los medios de "comunicación social" y a los "usuarios de especial relevancia de plataformas de línea", como considera a aquellos que cuenten con más de 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 en distintas redes sociales.
Influencers cuyos contenidos tienen un alcance, admite el gobierno de Pedro Sánchez, "mayor que el de los medios tradicionales", a los que la legislación española obliga desde hace 40 años a rectificar informaciones falsas o incompletas.
"Hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades", subrayó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa. En las redes sociales, algunos de esos profesionales no tardaron en darse por aludidos y varios "tuiteros" elevaron la voz para quejarse.
La propuesta de reforma del derecho de rectificación que propone el gobierno de España también "agilizará" el procedimiento judicial cuando no se atienda el derecho de rectificación, "de tal manera que podrá ser mucho más rápida la sentencia judicial", según el ministro de Justicia.