Los legisladores brasileños aprobaron, antes de las vacaciones de Navidad, el paquete de normas que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva propuso hace un mes para atajar la deuda pública y calmar a los mercados. Al principio, el ajuste previsto era de casi 12.000 millones de dólares a lo largo de 2025 y 2026, pero los parlamentarios realizaron tantos cambios en el texto que la cifra final puede que sea sensiblemente menor. La aprobación llega tras una semana de desconfianza en el mercado financiero en que el dólar llegó a cambiarse por 6,27 reales, un récord histórico.
El Congreso brasileño tiene mayoría bolsonarista, y para el Ejecutivo de Lula cada ley que sale adelante cuesta sangre, sudor y lágrimas. Más aún cuando algunas propuestas requieren modificar la Constitución, como en este caso, para tocar la ley del salario mínimo. Este es uno de los temas más sensibles y que más tensiones ha generado dentro de la izquierda. Con la nueva norma, el salario mínimo (que hoy en Brasil es de 1.412 reales, 230 dólares) podrá subir por encima de la inflación, pero como mucho un 2,5% del aumento del gasto primario. También se han restringido las normas para acceder a programas sociales, como en el caso de la paga que se da a las personas con deficiencia, que ahora sólo podrán recibir quienes demuestren tener una deficiencia “moderada o grave”.
A pesar de todas las modificaciones que el proyecto inicial sufrió en el Congreso Nacional, el ministro de Economía, Fernando Haddad, se esforzaba en ver el vaso medio lleno y afirmó que el Congreso aprobó propuestas “dentro de sus posibilidades” y que los cambios no tendrán un gran impacto respecto al ahorro previsto inicialmente. Habrá que ver si el resultado final es suficiente para calmar al mercado financiero. La deuda de Brasil ya supera el 75% del PIB, y los inversores no parecen confiar en la capacidad del Gobierno para contener el creciente agujero fiscal.
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