La muy polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados o encausados por la tentativa fallida de secesión de 2017 fue aprobada definitivamente por el Parlamento español, abriendo la puerta al regreso a España del expresidente regional Carles Puigdemont.
La ley recibió 177 votos a favor y 172 en contra en la Cámara Baja, gracias al apoyo de los diputados socialistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, y la extrema izquierda.
“El perdón es más poderoso que el rencor”, escribió Sánchez en la red social X tras la aprobación. “Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, añadió. Esta medida, que domina la vida política española desde las elecciones legislativas del pasado julio, podría beneficiar en torno a 400 personas, según una estimación del Ministerio de Justicia.
Ahora corresponderá a cada juez resolver si la amnistía es aplicable a sus casos. Los magistrados tienen dos meses para plantear cuestiones al Tribunal Constitucional o a la justicia europea a partir de la publicación de la ley en el diario oficial, lo que podría retrasar los efectos de la ley durante un tiempo.
Desde Bélgica, donde se encuentra instalado desde 2017 para evadir la justicia española, Carles Puigdemont celebró la amnistía, de la cual sería su principal beneficiado, como un paso “histórico” de los independentistas en su “combate” con el Estado español.
En su breve mensaje, no dijo nada sobre su posible regreso a España. Su partido había dicho que podría retornar para estar presente en el debate de investidura del nuevo presidente catalán en el Parlamento regional, lo que ocurrirá a más tardar el 25 de junio.
Insultos cruzados
La votación en el Congreso estuvo precedida de una sesión bronca en la que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se vio obligada a llamar la atención de los diputados en varias ocasiones.
“¡Traidor!” -dirigido a Sánchez-, “¡neofascistas!”, “¡filonazis!” -al partido de extrema derecha Vox-, fueron algunos de los insultos cruzados en el hemiciclo.
El Congreso ya había aprobado la medida el 14 de marzo, pero el Senado, controlado por la oposición de derechas, la vetó dos meses después, devolviendo el texto a la Cámara Baja. Esta medida es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para ser reelegido en noviembre, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes.
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