Escepticismo sobre la inmunidad de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica ayer sobre la inmunidad presidencial absoluta que reclama Donald Trump, pero parece dispuesta a emitir un fallo que retrasaría aún más el juicio del republicano por presunta interferencia electoral.
El fallo puede tener repercusiones de gran alcance para el poder ejecutivo, pero también para los múltiples problemas legales de Trump.
“Estamos escribiendo una norma para la posteridad”, dijo el juez Neil Gorsuch, uno de los tres magistrados conservadores nombrados por el expresidente republicano. Al menos cuatro de los nueve magistrados del tribunal parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de “inmunidad absoluta” frente a un proceso penal después de dejar el cargo.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un conservador, así se lo dijo a Michael Dreeben, que representaba al fiscal especial Jack Smith. Este último fue quien presentó los cargos de conspiración electoral contra Trump. “Según leí, dice: ‘un expresidente puede ser procesado porque está siendo procesado’”, afirmó Roberts. “¿Por qué no deberíamos devolver (el caso) al tribunal de apelaciones o emitir un dictamen que aclare que esa no es la ley?”.
Retraso
Enviar el caso nuevamente al tribunal inferior para una revisión adicional retrasaría casi con certeza el juicio por conspiración electoral de Trump hasta después de las elecciones de noviembre, en las que se enfrentará una vez más al demócrata Joe Biden.
El juez Samuel Alito, otro conservador, argumentó que si se niega la inmunidad nada impide en el futuro que un presidente se indulte a sí mismo de “cualquier cosa que posiblemente se le haya acusado de haber cometido”.
El juez Clarence Thomas, otro conservador, preguntó a Dreeben por qué no había habido ningún procesamiento previo contra un expresidente. La razón “es que no hubo delitos”, contestó Dreeben. Añadió que otorgar “inmunidad absoluta” a los expresidentes los “inmunizaría” de responsabilidad penal por “soborno, traición, sedición, asesinato” y, en el caso de Trump, “por conspirar para utilizar el fraude para anular los resultados de una elección y perpetuarse a sí mismo en el poder”.