Europa rindió tributo en Madrid a las víctimas de atentados en el continente, con ocasión del vigésimo aniversario de los ataques con bombas contra trenes que dejaron 192 muertos en la capital española y en cuyos actos conmemorativos asomaron viejas controversias políticas.
Los numerosos actos de recuerdo en Madrid de los atentados islamistas contra varios trenes suburbanos el 11 de marzo de 2004 (conocidos como el 11-M), los más sangrientos ocurridos en España, volvieron a poner sobre la mesa el debate de si el gobierno de derecha de la época, presidido por José María Aznar, ocultó información al país sobre los ataques para no verse electoralmente perjudicado.
Las instituciones europeas decidieron en 2004 convertir el 11 de marzo en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, conmemorado cada año en un país diferente. Organizado por la Comisión Europea, y presidido por el rey Felipe VI, la ceremonia oficial tuvo lugar en la Galería de las colecciones reales, un museo situado cerca del Palacio Real, en presencia de centenares de personalidades. “La historia del terrorismo en Europa es la historia de un sufrimiento compartido, pero también de solidaridad entre todos los europeos”, afirmó Felipe VI en su discurso.
“Quien haya conocido de cerca aquella manifestación extrema de violencia jamás podrá olvidarla, como nunca lo olvidarán ciudades como Nueva York, como Londres, París, Oslo, Barcelona, Niza, Bruselas y tantas otras”, dijo por su parte el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
“Irreparable”
Fue “un día que fracturó nuestras vidas de forma irreparable”, aseguró, por su parte, Ana Cristina López Royo, que perdió a su marido en los atentados de Madrid, y que era una de las tres víctimas, o familiares de víctimas de atentados, que intervenía en el acto.
A lo largo del día se sucedieron los actos de recuerdo de la matanza de Atocha. El primero tuvo lugar a las 9 horas locales en la céntrica plaza de la Puerta del Sol, con la participación del alcalde de la ciudad y la presidenta de la comunidad autónoma madrileña, que depositaron una corona.
En el lugar donde las bombas estallaron hace 20 años, los familiares de las víctimas, pero también ciudadanos anónimos, depositaron flores, velas, o retratos de quienes perdieron la vida. En la estación de Atocha, epicentro de los atentados, los transeúntes presentaban sus respetos ante un monumento conmemorativo subterráneo de color azul cobalto inaugurado la víspera, en sustitución de uno anterior que había sido desmantelado a causa de las obras de ampliación de una línea de metro.
El 11 de marzo de 2004, en hora punta matinal, diez bombas con temporizadores colocadas en cuatro trenes suburbanos con destino a la estación de Atocha estallaron con unos minutos de intervalo, causando 192 muertos y casi 2.000 heridos, en el atentado yihadista más sangriento del siglo XXI en Europa.
Enfrentada desde hacía años a la violencia de la organización armada independentista vasca ETA, España estaba habituada a los atentados, pero el del 11-M superó cualquier magnitud previa.
El gobierno de Aznar señaló inmediatamente a ETA como responsable de la matanza, tesis que mantuvo mientras aparecían indicios que apuntaban al yihadismo. Así, Al Qaeda, la organización liderada por Osama bin Laden, reivindicó los atentados y los presentó como una represalia por la participación de España en la invasión de Irak al lado de Estados Unidos.
En las enormes manifestaciones en protesta por los atentados, que tuvieron lugar desde el mismo 12 de marzo, los participantes la emprendieron contra el gobierno y contra Aznar, al que tildaron de “mentiroso”. Su partido, el Popular (PP), acabó perdiendo las elecciones celebradas tan solo tres días después de los atentados y a las que llegaba como favorito.
El debate sigue vivo veinte años después, y los críticos de Aznar le reprochan haber querido ocultar la responsabilidad de Al Qaeda por miedo a que los españoles le hicieran pagar en las urnas un apoyo a Estados Unidos que era ampliamente rechazado por la sociedad española.
Muchos testimonios han reiterado sus críticas a Aznar, y, finalmente, la fundación que preside, la FAES, rompió su silencio para defenderlo. “Aquel Gobierno no ignoró ningún informe policial o de inteligencia que contradijese su actitud o su política de comunicación durante aquellas jornadas”, dijo.
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