El Gobierno de Uruguay designó este jueves como canciller interino a Diego Escuder tras la renuncia de Francisco Bustillo, pero aun así crecieron los reclamos de la oposición y hasta de parte del propio oficialismo para que el escándalo generado por el ocultamiento de información a la Justicia en el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset no se cierre con esa única variante. Marset, prófugo de la Justicia e involucrado en el tráfico de cocaína en la región, recibió en 2021 un pasaporte uruguayo a través de un proceso exprés mientras estaba detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso.
El opositor Frente Amplio (FA), Cabildo Abierto (CA), socio del gobierno en la alianza oficialista y hasta sectores internos del propio Partido Nacional del presidente Luis Lacalle Pou pretenden la salida del cargo de otros responsables de las maniobras y, además, explicaciones del mandatario, que está en el exterior.
La vice a cargo del Ejecutivo -por el viaje de Lacalle Pou a Estados Unidos-, Beatriz Argimón, aceptó la renuncia de Bustillo y designó como nuevo canciller a Escuder, quien se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de ratificar en el cargo al subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni.
El caso estalló después de que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache entregara el miércoles a la Fiscalía unos chats que cruzó con Bustillo, en los que este le sugería que "pierda" el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.
Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Roberto Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que esos mensajes no estaban en su celular.
El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, partido de ultraderecha que integra la alianza oficialista, consideró que el presidente debe dar explicaciones.
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