Adiós a la era de la barra libre para comprar armas que se había instalado en Brasil durante los cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó ayer un decreto que en la práctica desmonta la política de flexibilización del uso de armas del líder ultraderechista, una de las banderas de su gestión. “Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa, de protección, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una seguridad; pero lo que no podemos permitir es que haya arsenales de armas en manos de las personas”, dijo Lula en un acto solemne en el Palacio del Planalto de Brasilia.
Las nuevas normas no impiden que un ciudadano de a pie pueda comprarse una pistola, pero recuperan restricciones y limitaciones que habían desaparecido con Bolsonaro. Si antes los llamados CAC (coleccionadores, disparadores y cazadores) podían comprar hasta 60 armas al año, ahora serán seis como máximo.
Ya no podrán transportar las armas cargadas hasta el local de tiro, y los cazadores, por ejemplo, tendrán que pedir una autorización especial a la autoridad ambiental. El ciudadano común que quiera comprarse un arma para defensa personal volverá a tener por delante el desafío de comprobar la “efectiva necesidad” ante la Policía Federal, un requisito que Bolsonaro eliminó. Los clubes de tiro ya no podrán funcionar 24 horas (deberán cerrar por la noche) y tendrán que estar como mucho a un kilómetro de distancia de las escuelas.
Las pistolas de calibre 9 milímetros y otros modelos similares, que fueron las más vendidas en los últimos años, vuelven a estar clasificadas como de uso restringido, solo aptas para las fuerzas de seguridad.
Representantes del llamado lobby de la bala en el Congreso ya han puesto el grito en el cielo alertando de que será la sentencia de muerte para el comercio de armas en el país.
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