La Ley de Memoria Democrática de España, que reavivó desde su sanción en 2022 los debates en torno a la transición democrática, habilitó que esta semana se comenzarán a exhumar por primera vez desde el Estado a las víctimas de la guerra civil (1936-1939) enterradas en la mayor fosa común del país y renovó las "esperanzas" de familiares, que advirtieron que una victoria de la derecha en las elecciones de julio podría poner en jaque los "avances".
La madrugada del lunes, a la una y siete, las 128 familias que reclamaron por quienes están enterrados entre los 33.846 cuerpos que yacen en el monumental Valle de Cuelgamuros, a 54 kilómetros de Madrid, recibieron un correo donde el Gobierno de Pedro Sánchez les informaba que se iban a llevar a cabo las exhumaciones. Sin embargo, la noticia ya había sido dada por la prensa.
"Es una forma muy poco delicada de tratar a familiares que llevamos años con esa pelea", dijo Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nieto del primer desaparecido de la represión franquista identificado genéticamente.
Al dar el anuncio, los funcionarios del Gobierno del Partido Socialista (PSOE) reconocieron algo que familiares de víctimas repiten: se llega "tarde".
La fosa, que el fallecido dictador Francisco Franco envió a construir en 1940 luego del fin de la Guerra Civil, es "un lugar de memoria democrática" desde el 19 de octubre de 2022, cuando España aprobó la ley que reemplazó a la de Memoria Histórica de 2007, y que dispuso que el ex Valle de los Caídos pase a llamarse Valle de Cuelgamuros.
El primer pedido de exhumación que se tramitó por vía judicial es el de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, y es anterior a la norma. En 2016 lograron una sentencia histórica para recuperar los cadáveres. Las demás fueron reconocimientos administrativos.
Pese a esa sentencia, la Fundación Francisco Franco y un abogado particular pidieron a la Justicia que paralice los trabajos. En marzo, el Tribunal Supremo rechazó esos pedidos y allanó el camino para las exhumaciones.
La descendencia Lapeña falleció en su mayoría, pero vive Purificación, que es la nieta y sobrina nieta respectivamente de los hermanos Manuel y Antonio, ambos fusilados en 1936 por el franquismo. "Tengo más esperanza ahora, pero también tengo un poco de miedo, porque hay familiares mayores que no tienen tiempo. Y si hay un cambio político, esto se quedaría paralizado", dijo Purificación.
No se van a exhumar a los miles que yacen en la fosa, sino que cada familia tiene que presentar una instancia ante Patrimonio Nacional (que administra el espacio) y acreditar que allí está su familiar.
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