El gobierno de Biden comenzó a implementar un cambio radical de política en la frontera entre Estados Unidos y México ayer, luego de que expirara una orden de la era del covid que había permitido la rápida expulsión de muchos migrantes y entraran en vigor nuevas restricciones de asilo en medio de confusión e incertidumbre.
Varias acciones judiciales de último minuto se sumaron a las preguntas sobre cómo se desarrollará la estrategia fronteriza reelaborada del presidente Joe Biden, y los defensores presentaron un desafío legal a la nueva regulación de asilo tal como se promulgó.
Ante la preocupación de que el fin de una orden de 3 años, conocida como Título 42, podría ejercer más presión sobre las instalaciones, ciudades y pueblos fronterizos de los EE. UU., los funcionarios estadounidenses vigilaron de cerca los movimientos de migrantes que ya habían alcanzado cifras récord en los últimos días.
“Seguimos encontrando altos niveles de no ciudadanos en la frontera, pero no vimos un aumento sustancial de la noche a la mañana o una afluencia a la medianoche”, cuando expiró el Título 42, dijo Blas Nunez-Neto, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. ante reporteros este viernes.
Buscando disuadir a los migrantes de viajar a la frontera, el gobierno mexicano dijo que su instituto nacional de migración ha ordenado a sus oficinas que no expidan documentos migratorios u otros permisos que permitan viajar dentro del país, creando otro obstáculo para los migrantes.
Aunque la carrera caótica hacia los puertos de entrada fronterizos de EE. UU. el jueves parecía haber dado paso a una calma relativa, había una sensación de confusión entre algunos inmigrantes.
En la valla fronteriza de Estados Unidos que divide El Paso, Texas, de Ciudad Juárez de México, cientos de migrantes que habían dormido allí durante la noche formaron una sola fila para que las autoridades los trajeran a Estados Unidos y los subieran a autobuses. La Guardia Nacional de Texas, policías estatales y agentes fronterizos patrullaban el área.
Los defensores de la inmigración representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentaron un desafío legal contra las nuevas prohibiciones de asilo, alegando que violan las leyes internacionales y locales.
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