Donald Trump comparecerá el próximo martes ante la Justicia en Nueva York, en un hecho inédito para un expresidente estadounidense, para escuchar los cargos que se le imputan por el pago a una actriz porno durante la campaña electoral de 2016 para comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial, y anunció que tiene previsto apelar, además de insistir en su inocencia.
Trump confirmó ayer que apelará la imputación que el Gran Jurado de Nueva York dispuso el jueves y renovó sus cuestionamientos al fiscal Alvin Bragg, a quien considera parte de una maquinaria para impedir que vuelva a ser candidato en 2024.
En Estados Unidos, el llamado Gran Jurado está integrado por ciudadanos elegidos por sorteo que tienen la responsabilidad de investigar con total confidencialidad para determinar si existen pruebas suficientes para presentar cargos formales contra un sospechoso.
“¡Apelación!”, recalcó el magnate en sus redes sociales, en un mensaje en el que afirma que el juez asignado a su caso, Juan Manuel Marchan, lo odia. Según Trump, Marchan fue elegido por el fiscal Bragg y supuestamente convenció a Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, para que aceptara un acuerdo de culpabilidad por los cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales.
“No vendrán por mí, vendrán por ti, ¡yo solo me interpongo en el camino!”, agregó Trump en su cuenta de la red social Truth. La cadena CNN, citando fuentes no identificadas, dijo que Trump podría enfrentar 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales. Todo porque supuestamente le pagó 130.000 dólares en efectivo a Stormy Daniels para que no revelara el vínculo que tenían durante la campaña presidencial de 2016, que terminó con el magnate en la Casa Blanca.
El monto no había sido declarado en las cuentas de la campaña del candidato republicano, con lo que violaría las leyes electorales estatales, y quedó registrado como “honorarios legales” en los libros de su empresa con sede en Nueva York.
La justicia de Nueva York busca desde hace años determinar si el exmandatario es culpable de tergiversación, un delito menor, o de incumplimiento de las leyes de financiación de campañas, un delito penal.
El expresidente niega haber quebrantado la ley y atribuye todo a un plan para impedir que vuelva a ser candidato por el Partido Republicano el año próximo.
Según sus abogados, el expresidente, que está en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, se entregará el martes.
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