La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instaló un “gabinete de crisis” con el objeto de “promover la paz social” en el contexto de las sostenidas protestas iniciadas hace seis días tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, y no descartaba decretar para todo el país el estado de sitio que ya regía en la región de Apurímac y ayer se extendió a la de Arequipa, informó la prensa local.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo aclaró ayer que en el contexto de esas protestas murieron seis personas y no siete, y los gobernadores regionales pidieron al Congreso que sancione en el curso de este mes la reforma necesaria para adelantar a 2024 las elecciones generales previstas para 2026.
Boluarte precisó que el gabinete de crisis está integrado por el jefe del gabinete, Pedro Angulo; los ministros de Interior, de Defensa, de Transportes y Comunicaciones y de Desarrollo e Inclusión Social, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La mandataria anticipó que junto a esos funcionarios y a los miembros de los estados mayores de las Fuerzas Armadas evaluaría esta tarde “la instalación del estado de emergencia a nivel nacional”, aunque aclaró que esperaba que no hiciera falta “llegar a estos extremos”, según la agencia de noticias Andina.
La jefa del Estado decretó ayer el estado de emergencia (sitio) por 60 días en el departamento Apurímac -donde se registraron cinco de las seis víctimas fatales- y hoy lo extendió a la región de Arequipa, en este caso por 30 días, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
El estado de emergencia implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, Boluarte adelantó que se reuniría el Consejo de Estado, un organismo no oficial pero usual en el país, que nuclea a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las de los organismos autónomos tales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General, entre otros.
El ministro del Interior, César Cervantes, dijo anoche que cerca de 24.500 personas participaban de las protestas en todo el país, que ya había 44 policías heridos y sostuvo que se debía “evaluar” la “presencia física” de las Fuerzas Armadas en la contención de los disturbios.
Por otra parte, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Oscar Arriola, aseguró que miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef, considerado una organización de fachada de Sendero Luminoso) tenían “una actividad incesante” en las manifestaciones.
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