El mundo de magia y fantasía de Disney World en Orlando también cumplía el sueño de cualquier contribuyente: pagar menos impuestos. Florida acaba de poner fin a esa y a otras excepciones con una ley promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis, que disuelve el distrito diseñado hace 55 años a medida para acomodar al que iba a convertirse en el parque temático más famoso del mundo.
La decisión, que no es arriesgado interpretar como una venganza, llega después de semanas de pública discusión entre DeSantis y la multinacional del entretenimiento, por las críticas de esta a la promulgación en Florida de la Ley del Derecho de los Padres sobre la Educación. Es la norma cuyos detractores han bautizado gráficamente como la ley No Digas Gay (Don’t Say Gay), porque eso es en parte lo que persigue: prohíbe hasta la edad de nueve años la discusión en clase entre profesores y alumnos sobre orientación sexual e identidad de género, lo permite en cursos posteriores, pero solo cuando se considere que es “apropiada para la edad o el desarrollo” de los estudiantes, límite ciertamente impreciso, y alienta a los padres a que denuncien a los docentes que se la salten.
La represalia contra Disney también lo es contra los condados de Orange y Osceola, donde se asienta Disney World, que heredarán las deudas del distrito del parque temático. Hasta ahora, el régimen de la casa de Mickey Mouse en la Costa Este se asemejaba bastante al autogobierno; la compañía gozaba de un control casi total sobre ese territorio desde 1967, un año después de la muerte de su fundador, cuando el Estado brindó una protección especial a un área de poco más de 100 kilómetros cuadrados que llamaron Reedy Creek Improvement District. Disney había comprado los terrenos a principios de los sesenta, pero el parque no abrió hasta 1971.
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