Perú podría convertirse en el primer país latinoamericano y octavo del mundo en aplicar la castración química a los violadores de menores si el Congreso aprueba un controvertido proyecto de ley que le presentó ayer el Gobierno, en medio del escándalo por el secuestro y ultraje de una niña de tres años.
El ministro de Justicia, Félix Chero, anunció que el gabinete ministerial dejó listo el proyecto para imponer la castración química a los condenados a entre 15 y 25 años de cárcel por violación, con lo que el tema quedará en manos del Congreso, controlado por la oposición. Chero aclaró que el castigo, cuestionado desde diversos sectores, no incluirá a los condenados a cadena perpetua por violar a menores de 14 años, pues estos ya no podrán causar más daño a niños, sino a quienes vayan a recuperar la libertad tras pagar sus penas.
El tema, que eclipsó a los demás temas de agenda en el convulsionado Perú, estalló la semana pasada, tras conocerse lo ocurrido en la ciudad norteña de Chiclayo, donde un comerciante de cartones de 48 años secuestró a su víctima de tres años en un mercado y la llevó a su casa, donde la sometió a torturas y abusos durante horas.
El hombre, que grabó su acto con el móvil, fue capturado in fraganti tras ser identificado por cámaras de seguridad. Lo confesó todo y aseguró que lo hizo bajo efectos del alcohol. Ahora está en prisión preventiva por nueve meses. El caso volvió a poner en el ojo público al tema de la violencia sexual, en un país donde al menos 15 niños sufren abusos cada día y en el que en los últimos cuatro años se han denunciado más de 21.000 violaciones de menores de edad, de acuerdo con estadísticas oficiales.
El presidente Pedro Castillo, quien se sumó al dolor y la indignación popular, retomó la idea de la castración química, que ya había sido debatida anteriormente pero no había encontrado condiciones para su aplicación.
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