El Gobierno de Boris Johnson está convencido de que nunca debió firmar el Protocolo de Irlanda del Norte, el documento anexo al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que más costó sacar adelante y que retrasó las negociaciones hasta el último minuto.
Downing Street exige ahora a Bruselas, presionado sobre todo por sus aliados unionistas norirlandeses, una revisión drástica del Protocolo, empezando por la retirada de una de sus disposiciones fundamentales: la supervisión judicial de la aplicación del tratado en la región por parte del Tribunal de Justicia de la UE.
“No se trata únicamente del tribunal en sí mismo. Es el sistema mismo del que el tribunal es su vértice, un sistema por el que se aplican en Irlanda del Norte leyes sin ningún tipo de escrutinio democrático o de discusión”, advirtió ayer David Frost, ministro británico para el Brexit, desde Lisboa. “Incluso ahora que la UE considera posibles soluciones al problema, su comportamiento tiene un aire de sugerir ‘hemos decidido lo que es mejor para vosotros, y vamos a hacer que se cumpla”, dijo Frost.
El ministro no dio todos los detalles del documento que ha remitido a Bruselas, pero sí apuntó algunos de sus elementos, totalmente inaceptables para la UE, como crear un mecanismo de resolución de disputas que deje de lado al tribunal europeo. La amenaza británica está clara: si Bruselas no acepta sus condiciones, podría reventar el tratado e iniciar una guerra comercial.
El Protocolo de Irlanda del Norte estableció que esa región británica seguiría integrada dentro del mercado interior de la UE, después de que el Brexit entrara en vigor. Era el modo de evitar el establecimiento de una nueva frontera interior, entre la República y el territorio británico, que habría excitado los ánimos de los más radicales y puesto en peligro el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998, que acabó con décadas de violencia sectaria. A cambio, Londres y Bruselas acordaron la creación de una especie de frontera aduanera en el mar de Irlanda. Los controles efectivos de mercancías se llevarían a cabo en los puertos norirlandeses e ingleses, por parte de personal del Reino Unido y de la UE.
Los partidos unionistas del Úlster, especialmente el Partido Unionista Democrático (DUP, en sus siglas en inglés) consideraron, desde el primer minuto, que el Protocolo era una “traición” que quebraba por primera vez la integridad territorial del Reino Unido. Pintadas con amenazas de muerte en los puertos de Belfast y Derry/Londonderry, forzaron la suspensión durante varios días, a principios de febrero, de los controles aduaneros.
A mediados de abril, estallidos de violencia juvenil recordaron los peores años del conflicto sectario. Los políticos unionistas culparon al Protocolo firmado con la UE del creciente malestar en la región, y desde entonces el Gobierno de Boris Johnson culpa, paradójicamente, al Protocolo, de ser el principal motivo desestabilizador de la región.
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