Cristiana Chamorro, la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, cumplió ayer 24 horas recluida en su vivienda, incomunicada y bajo un fuerte dispositivo policial.
Prácticamente “esto es un secuestro”, señaló su abogada, Orieta Benavides, quien afirmó que ningún miembro del equipo jurídico que defiende a Chamorro ha logrado comunicarse con ella.
Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que derrotó a Ortega en los comicios de 1990, permanece recluida en su vivienda, en el sur de Managua, después que una jueza ordenara su detención y el allanamiento de la vivienda por un caso de presunto lavado de dinero.
“El arresto domiciliario, como se establece en la legislación, no es lo que en la práctica está ocurriendo con Cristiana”, aseguró su abogada, para quien Chamorro “no debería estar incomunicada” ni ser privada de hablar con su familia y su defensa.
“Es una situación que escapa de lo legal y que lo convierte prácticamente en un secuestro”, sostuvo Benavides.
La cuenta oficial de Twitter de Chamorro, quien fue inhabilitada para participar en la contienda electoral bajo el argumento de “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”, continúa activa, aunque sin publicar mensajes desde la noche del pasado martes.
La Comisión Europea instó a Ortega a “liberar” a Chamorro y avisó que las acciones judiciales contra la opositora “son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y sus candidatos”.
Responsabilidades
Por su lado, la ONU recordó que el Gobierno nicaragüense tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de Chamorro y la de todos los líderes políticos.
Para el jurista opositor y exvicecanciller nicaragüense José Pallais, Ortega tiene “ahora de rehén” a Chamorro con el objetivo de “negociar” el retiro de las sanciones que han impuesto EE. UU., la UE, el Reino Unido y Canadá a más de una veintena de familiares, allegados y empresas ligadas al líder sandinista, a quienes señalan de “serias violaciones a los derechos humanos” y de “corrupción”.
En tanto, el demócrata Bob Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., expresó que “es hora” de utilizar las herramientas provistas por el Congreso de su país para sancionar a quienes socavan la democracia en Nicaragua. Menéndez condenó las “acciones autoritarias” de Ortega, quien, a su juicio, demuestra “un desprecio absoluto por el estado de derecho y la piedra angular de cualquier democracia: elecciones libres, justas y transparentes”. “Viendo como el régimen desesperado de Ortega cada vez está má resuelto a convertirse en la tercera dictadura de América latina, estoy más comprometido que nunca en trabajar con el secretario (de Estado, Antony) Blinken y la Administración Biden para asegurar elecciones democráticas que permitan a los nicaragüenses tomar el control de sus propios procesos políticos y de sus oportunidades económicas”, agregó el senador de origen cubano.
Su padre, asesinado
Chamorro, de 67 años, es hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, crítico de la dictadura de Anastasio Somoza y asesinado en 1978. Es vicepresidenta del diario La Prensa de Managua y dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión y que cerró en febrero pasado para no someterse a una ley que obliga a inscribirse como “agente extranjero” a los representantes de organismos que reciben fondos del exterior.
Según el ministerio nicaragüense de Gobernación, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015- 2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”. Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas.
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