El juicio por el llamado caso Bygmalion, aplazado en marzo al estar enfermo de la covid-19 uno de los abogados de la defensa, ha arrancado por fin ayer sin que Nicolas Sarkozy, uno de los 14 acusados, estuviese presente en la sala. El antiguo presidente de Francia ya fue condenado el pasado invierno a tres años de prisión por corrupción, aunque recurrió aquella sentencia. Este nuevo juicio sienta ahora en el banquillo, además de a Sarkozy, a colaboradores de su equipo de campaña, a responsables de la empresa de eventos y relaciones públicas Bygmalion, y a dirigentes del que fuera su partido, la Unión para un Movimiento Popular (UMP), rebautizado más tarde con su nombre actual, Los Republicanos (LR). Sarkozy, cuyo interrogatorio está previsto para la semana del 14 de junio, se expone a una pena de un año de prisión y 3.750 euros de multa.
El caso Bygmalion, que se extenderá previsiblemente hasta el 22 de junio, estalló al revelarse las prácticas financieras de la segunda y última campaña presidencial de Sarkozy, en la que se enfrentaba al socialista François Hollande, que finalmente ganó en las urnas. Para remontar los sondeos adversos, el entonces presidente –lastrado por la crisis económica y una personalidad que irritaba a muchos franceses– decidió darlo todo, física y financieramente. Y lo hacía a lo grande.
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