Holanda sin gobierno tras un escándalo con subsidios

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, anunció ayer la dimisión de su Gobierno, golpeado por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las ayudas sociales.
“El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso Gobierno y aquí esto fracasó de forma estrepitosa”, declaró Rutte en rueda de prensa, tras lo cual reveló que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, dos meses antes de las elecciones legislativas y en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus.
“Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, sólo se puede asumir una responsabilidad conjunta”, agregó, citado por la agencia de noticias AFP.
Miles de familias fueron acusadas por error de cometer fraude con las prestaciones sociales y se vieron obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad.
Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 y 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva.
En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros. Altos responsables políticos, varios ministros entre ellos, están acusados de preferir cerrar los ojos ante estos errores, de las que eran conscientes.
La dimisión del Gobierno tiene lugar dos meses antes de las elecciones legislativas, previstas el 17 de marzo, y en medio de una crisis sanitaria que obligaron a las autoridades a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la pandemia.
El sistema político de Países Bajos permite la existencia de un “Gobierno que ha dimitido”, que puede ocuparse de los asuntos corrientes a la espera de la formación de un nuevo Gobierno o de nuevas elecciones.
El primer ministro ya había adelantado que seguiría en funciones pasara lo que pasara, entre otras razones para evitar un vacío en plena pandemia de covid-19.
El rey Guillermo debe ahora estudiar la dimisión y, en principio, pedirá al Gobierno que se mantenga de forma interina a la espera de los comicios.
Según trascendió, los funcionarios de impuestos habían procedido a una “distinción étnica” de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.
En diciembre, el Gobierno anunció que en los próximas cuatro meses pagaría indemnizaciones por al menos 30.000 euros (35.000 dólares) a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.