América Latina es una región joven, pero la juventud no es eterna. En la actualidad, aproximadamente el 8% de los latinoamericanos son mayores de 65 años, en contraste con casi el 20% en Europa. Para 2050, sin embargo, la región alcanzará los valores del viejo continente y, para finales de siglo, la proporción de mayores de 65 años superará el 30%.
De todas formas, el envejecimiento es fundamentalmente una buena noticia, aunque no todo es necesariamente positivo. Por un lado, indica que los latinoamericanos están viviendo y vivirán vidas más largas y saludables. Pero la otra cara de la moneda, como muestra la experiencia europea de las últimas décadas, es que el envejecimiento supone desafíos para la sostenibilidad de los sistemas de protección social.
Los desafíos del envejecimiento se hacen más severos en América Latina como consecuencia de informalidad estructural de la región, que alcanza a aproximadamente el 60% de los trabajadores y deja un resultado preocupante: solo 4 de cada 10 trabajadores realizan aportes a la seguridad social. La informalidad reduce la base de contribuyentes, que es equivalente al envejecimiento que se producirá en los próximos 40 años. Puesto de otra forma, América Latina tiene más trabajadores potenciales para financiar la protección social al adulto mayor que Europa, pero esta ventaja no se puede concretar debido a la informalidad.
Al desafío de la informalidad se suma el fenómeno contemporáneo del cambio tecnológico acelerado. La creciente automatización de los trabajos podría suponer un golpe adicional a trayectorias laborales de por sí inestables de los trabajadores latinoamericanos, en especial entre aquellos que realizan tareas rutinarias, lo que hará más difícil alcanzar los años mínimos de contribución para acceder a una pensión.
Pero las nuevas tecnologías también pueden traer impactos positivos en los esquemas de protección social. La irrupción del empleo de plataformas digitales (desde los servicios de transporte de pasajeros y bienes, al comercio electrónico) puede suponer una oportunidad para aumentar la formalidad. De hecho, según la Encuesta CAF, aproximadamente uno de cada diez trabajadores latinoamericanos había prestado algún servicio a través de una plataforma digital en el último mes. A su vez, la proporción de trabajadores que realiza aportes es mayor entre aquellos que prestan servicios para plataformas digitales que entre los que no lo hacen y se desempeñan como trabajadores independientes.
En cuanto a las pensiones, una de las principales variables de bienestar para los adultos mayores, la región ha registrado importantes avances en los últimos años, especialmente gracias a la expansión de los programas de pensiones no contributivas. Entre 2000 y 2016, el número de países con pensiones no contributivas pasó de 7 a 26 y en al menos diez países la cobertura aumentó más de 20 puntos porcentuales. A pesar de estos avances, en la mayoría de los países todavía existen proporciones importantes de la población de adultos mayores que no cobra una pensión, y es necesario expandir aún más los programas no contributivos. En algunos países también es necesario reforzar los montos de estos programas, de forma que efectivamente eviten situaciones de pobreza entre sus beneficiarios.
En el área de la salud, en la mayoría de los países existen brechas importantes de cobertura de servicios y de protección financiera en comparación con los países desarrollados. Buena parte de esas brechas podría cerrarse aumentando los niveles de eficiencia del gasto en salud. Para esto, es necesario avanzar en la integración de los sistemas de aseguramiento y provisión de servicios que presentan una fragmentación muy alta. En cuanto a los cuidados de largo plazo, salvo excepciones, los países no han desarrollado políticas públicas sistemáticas y el gasto público en esta área es insignificante. Aquí el desafío consiste en ir gradualmente implementando políticas de cuidados, lo que deberá ir acompañado de recursos fiscales crecientes.
En mayor o menor medida, el envejecimiento traerá desafíos para todos los países de América Latina. Las potenciales reformas que garanticen una protección social al adulto mayor deberán construirse en base a consensos amplios. Para esto es clave cuantificar, medir y comunicar los desafíos existentes y adoptar un enfoque que consolide la sostenibilidad política de las reformas y combine instrumentos tales como los años y montos de aportes, las tasas de reemplazo/beneficios, o la extensión de la base de contribuyentes, y que también compense a potenciales perdedores.
Si bien las necesidades de protección al adulto mayor serán crecientes, la región tiene otras demandas de asistencia social que no puede descuidar, como la elevada pobreza entre niños y jóvenes. Las necesidades de protección social al adulto mayor deberán entonces ser compatibles con la atención de los otros grupos sociales y etarios vulnerables. Si bien la juventud no es eterna, debemos cuidarla porque condiciona la calidad de vida en la edad adulta.
(*) Vicepresidente de Conocimiento en CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
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