Ecuador solicita a Interpol el arresto de Rafael Correa

La condena a ocho años de prisión contra el expresidente Rafael Correa y la cúpula de su gobierno acabó con sus opciones para volver al poder en las próximas elecciones, pero hasta ahora no había afectado a su libertad. Este miércoles, la Justicia ecuatoriana dispuso pedir a la Interpol la difusión roja para que el exmandatario, residente en Bélgica, sea detenido.
Pese a la ratificación de la sentencia de finales de agosto, solo dos de los excolaboradores de Correa están en prisión. Los demás se encuentran prófugos o en paradero desconocido. 
El tribunal encargado de la ejecución de la condena dispuso la notificación a la Interpol contra 15 de los 20 condenados por el caso Sobornos, al formar parte de una red criminal que hacía aportes de campaña al partido Alianza País a cambio de obtener contratos públicos, según la tesis de la fiscalía.
Interpol ya rechazó en diciembre de 2018 otro pedido de Ecuador para capturar a Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017.
Esta vez, la Justicia justifica su petición en que “existe sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada” y en que “hasta el momento, habiendo transcurrido 13 días (hasta el 6 de octubre de 2020) desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura” no se conoce siquiera los paraderos de los sentenciados.
Aparte de Correa, entre los condenados para los que se emite la difusión roja, están sus exministros Walter Solís -prófugo en Estados Unidos-, María de los Ángeles Duarte -refugiada en la residencia del embajador argentino en Quito- y Vinicio Alvarado -prófugo en Venezuela-, además de los exparlamentarios Viviana Bonilla -en paradero desconocido- y Christian Viteri -también en Venezuela-.
Los únicos dos miembros de la cúpula de la anterior administración ecuatoriana que están cumpliendo condena son Jorge Glas, exvicepresidente, y el exsecretario jurídico de presidencia, Alexis Mera. El primero ya estaba en prisión por una condena de seis años por el caso Odebrecht. Y el segundo entró al mismo centro de rehabilitación social a finales de agosto reprochando que ingresaba a prisión “sin haber recibido ni un solo centavo” y asegurando que lo hacía “con honor”. El caso salió a la luz en abril del año pasado gracias a la revelación del portal periodístico MilHojas, en la que se exponían los nombres en clave de altos cargos del Gobierno de Correa y de empresarios implicados en una trama de sobornos que, según la Procuraduría del Estado, generó perjuicios para el país por 21 millones de dólares.