Los indígenas de Ecuador pidieron ayer al presidente Lenín Moreno que derogue el decreto 883, que elimina el subsidio a las naftas y que desató la ola de protestas, porque si eso no se cumple “seguiremos firmes y unidos” con el “compromiso inclaudicable de defender a nuestro pueblo”.
“Está en sus manos Sr. Presidente recuperar la patria. Tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor. ¡No vamos a negociar esa dignidad, no vamos a negociar a nuestros caídos!”, dijo el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas en su alocución en la mesa de diálogo inaugurada a unos 30 kilómetros de Quito y en la que participa Moreno de manera directa.
Renuncia de ministros
Además, Vargas solicitó a Moreno, como un “gesto de paz social”, la “inmediata” destitución de los ministros de Gobierno (Interior), María Paula Romo; y de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la “violencia desmedida contra el pueblo y el terrorismo de Estado” durante protestas sociales que estallaron hace 13 días por la quita de subsidios a los combustibles y consecuente suba de las naftas. Las protestas dejaron hasta el momento siete muertos y más de 1.300 heridos.
Las conversaciones -en un colegio salesiano al sureste de Quito- tienen el auspicio de la Conferencia Episcopal y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, y empezaron con un minuto de silencio por los fallecidos en las protestas iniciadas el 3 de octubre.
El presidente Moreno replicó a Vargas y defendió la quita de subsidios a las naftas, diciendo que beneficiará a la población, sobre todo a los más pobres, y que también fortalecerá la dolarización.
El mandatario llamó a buscar una fórmula para que el dinero generado por la eliminación del subsidio vaya a los más pobres y señaló que en eso debería trabajar una comisión bilateral que analizará las diferentes posiciones.
Sin embargo, dijo que no está dispuesto a conversar con seguidores del ex presidente Rafael Correa (2007- 2017), a quien culpó de la crisis que afecta al país y de haber alentado una ola de desestabilización.
Las protestas, con cortes de rutas y huelgas, comenzaron el pasado 3 de octubre contra las medidas de austeridad económicas adoptadas por el Gobierno, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones para otorgar un crédito de 10.000 millones de dólares.
Ante el descontento expresado en las calles, el gobierno decretó el estado de excepción el 3 de octubre para que las Fuerzas Armadas intenten restablecer el orden.
Tras violentos disturbios ocurridos el sábado en Quito, Moreno también ordenó el mismo día el toque de queda y la militarización de la convulsionada ciudad.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.
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