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ABDO BENÍTEZ EN JAQUE

Crisis política en Paraguay tras un acuerdo con Brasil

Para la oposición, el gobierno hizo concesiones “inéditas” a Brasil sobre una cuestión que debía renegociar en 2023, al vencerse el anexo que establece la distribución de la energía entre los dos países.

La crisis política en Paraguay, desatada por la firma de un acuerdo energético secreto con Brasil, se profundizó ayer con la renuncia del quinto funcionario de primer nivel, un llamado a unir a la oposición detrás de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el inicio formal de una investigación en la Justicia.
El principal partido de oposición, el Liberal, anunció que convocará a todas las fuerzas que no pertenecen al gobierno a sumarse a un pedido de juicio político en el Congreso contra el presidente y su vice, Hugo Velázquez, pese a que Abdo Benítez ya canceló el acuerdo bilateral.
“Debe ser de común acuerdo con los demás partidos fraternos”, explicó el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, y prometió que su fuerza no iniciará un proceso contra el mandatario “de manera aislada”, según la agencia de noticias EFE.
Para Alegre, el pedido de juicio político, al que se sumó la semana pasada el izquierdista Frente Guasú, ganó más fuerza luego de que la prensa informara que José Rodríguez González, un asesor legal de Velázquez, presionó para excluir del acuerdo bilateral un punto que permitía a la empresa estatal eléctrica paraguaya vender energía a empresas brasileñas a través de la hidroeléctrica binacional Itaipú.
Las versiones periodísticas sobre Rodríguez González causaron tal repudio que la madre del asesor, María Epifania González, renunció ayer a su cargo como titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y se convirtió en en el sexto funcionario en salir del gobierno.
Hace una semana y solo después de la renuncia de Pedro Ferreira como presidente de la empresa Administración Nacional de Electricidad (Ande), el gobierno de Abdo Benítez anunció que había firmado un acuerdo de energía con Brasil a fines de mayo pasado.
El acuerdo de la hidroeléctrica Itaipú que comparten Brasil y Paraguay establece que existen dos precios para la energía producida: la llamada energía segura -es decir, un umbral mínimo de producción garantizada- que hoy cuesta 40 dólares por megavatio y la excedente -la que supera el umbral cuando se produce de más- que cuesta seis dólares. 
En los últimos años, el consumo energético creció en Paraguay y Ande comenzó a comprar más energía, lo que elevó la tarifa para el público en general.
El acuerdo que Abdo Benítez negoció en secreto con el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro establecía que Paraguay debe comprar más energía segura y menos excedentes, lo que según calcularon expertos en la prensa paraguaya supondría un aumento de los costos de 250 millones de dólares para Ande.
La publicación de este acuerdo desató una crisis política inmediata para el gobierno paraguayo, que en apenas unos días sufrió no solo las renuncias de la cúpula de Ande, sino también de la dirección en Itaipú, el embajador en Brasil, Hugo Saguier y hasta el propio canciller, Luis Castiglioni.

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