Cansados por las dilaciones y el encubrimiento del Vaticano en los casos de abusos sexuales, al menos tres organizaciones de víctimas repudiaron la cumbre antipederastía convocada por el Papa Francisco y lanzaron un plan de acción para que se esclarezca la trama de delitos y complicidades. Entre las medidas exigidas, reclamaron que se abran todos los archivos clasificados de la Santa Sede acerca de los sacerdotes y religiosos involucrados, entre ellos, los casos del padre Julio César Grassi y Nicola Corradi, del Instituto Próvolo.
La Organización Global de Víctimas de abusos (ECA, por sus siglas en inglés) junto a Bishop Accountability, la base de datos más completa de casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia, plantearon un plan de 21 medidas que debería tomar la Iglesia. Una de ellas es “la apertura de los archivos secretos sobre abuso sexual de las conferencias episcopales de todo el mundo” y que “toda la documentación sobre los casos sea transmitida a las autoridades civiles” e instancias judiciales. Además, requirieron que en “ningún momento” esta información “pueda ser destruida, así como que se denuncien a las magistraturas nacionales cualquier denuncia que reciban de casos de abusos a menores”. “Este es el plan de acción que tendría que haber presentado el Papa Francisco en su discurso en vez de hablar de generalidades. Son medidas de sentido común. Ninguna de ellas se ha incluido en el Vaticano”, indicó el vocero de ECA, Miguel Hurtado.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina, que nuclea a personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en el país, se manifestaron en contra de la cumbre que fue encabezada por el Papa Francisco y que finalizó este domingo.
“Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Esta cumbre confirma el estado de corrupción”, dijeron.
IGLESIA CATÓLICA
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