Sánchez consigue la aprobación del Presupuesto 2018
El gobierno español del socialista Pedro Sánchez aprobó ayer su proyecto presupuestario para 2019, que fue presentado como "el más social de la historia", y con el que intentará ganarse en los próximos meses el difícil apoyo de los secesionistas catalanes para mantenerse en el poder.
El plan presupuestario, que se basa en lo acordado con la coalición de izquierda Unidos Podemos en octubre, contempla una recaudación récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% más que el año anterior, impulsada por una subida de impuestos a rentas más altas, sobre la base de una previsión de crecimiento del 2,2%, una décima menos de lo estimado en la anterior revisión.
En su presentación, el Ejecutivo socialista destacó el incremento de las partidas destinadas al gasto social, que aumentaron unos 12.000 millones de euros respecto al anterior período, y también hizo un guiño a Cataluña, con un aumento de la inversión del 18% -unos 800 millones de euros-, que reclamaban los independentistas.
"Son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión", aseguró la vocera del Ejecutivo socialista, Isabel Celaá, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros en Madrid.
El proyecto llegará el próximo lunes al Congreso de los Diputados, donde no cuenta todavía con ningún respaldo más allá de los 85 diputados con los que Sánchez gobierna en minoría, ya que hasta Podemos puso en duda su respaldo ante el "incumplimiento" de algunas de las medidas pactadas, entre ellas la promesa de limitar los precios del alquiler o de la luz.
La primera votación sobre los presupuestos está prevista para mediados de febrero, plazo en el que Sánchez buscará romper la resistencia de los secesionistas, quienes se encuentran divididos respecto a la conveniencia o no de apoyarlo, puesto que un fracaso podría derivar en un adelanto electoral.
Los independentistas siguen reclamando "gestos políticos" con los líderes secesionistas presos a punto de enfrenar un juicio por rebelión con penas de hasta 25 años de prisión, pero los socialistas confían en que el contenido social y las inversiones previstas en el presupuesto serán un incentivo que al menos permitirá abrir el debate parlamentario.