El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue condenado por un juez federal a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. En una audiencia realizada ante un juez federal, el ex mandatario aceptó los cargos fincados por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) que lo acusa de haber desviado recursos públicos a través de una red de empresas fantasma. El político que fue expulsado de su partido, el PRI, en el Gobierno, realizó las operaciones delictivas por medio de un complejo esquema de desvío de recursos al que pretendió otorgarle apariencia de licitud. Según la acusación de la PGR, Duarte giró instrucciones a una red de testaferros que compró cerca de 40 propiedades con recursos provenientes del erario de Veracruz.
Duarte pactó con la Fiscalía, a través de su abogado, un procedimiento abreviado con el que pudo obtener una pena de nueve años de prisión y una multa de 58.890 (unos 3.270 dólares) por los delitos imputados y así evitó llegar al juicio oral.
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