Alivio temporal para los “dreamers”: juez evitó fin del programa de protección

Un juez federal de San Francisco bloqueó temporalmente la decisión de la Administración de Donald Trump de acabar con la protección a los “dreamers” (soñadores), los inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos siendo niños acompañando a sus padres. 
El juez William Alsup considera que el programa instituido por el antecesor de Trump, Barack Obama, debe seguir en vigencia hasta que se resuelva el litigio legal en torno a la decisión del nuevo Gobierno de acabar con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés). 
Donald Trump cargó el martes contra la decisión del juez. “Esto sólo muestra a todo el mundo lo roto e injusto que es nuestro sistema judicial, en el que el contrincante en un caso siempre corre al Circuito Noveno, y casi siempre gana antes de ser revocado en un tribunal superior”, escribió Trump en Twitter, en referencia a la Corte de Apelaciones en San Francisco. En el caso del Daca, Alsup esgrimió que la Administración no ha proporcionado “ninguna explicación razonada para la cancelación del programa”. A juicio del juez fue “arbitraria y caprichosa”.
Trump anunció su derogación el pasado septiembre en un anuncio en el que le ofreció al Congreso seis meses para presentarle una solución para estos indocumentados, conocidos como “dreamers” (soñadores, en español). Esta protección, unida al Dapa -la protección contra la deportación de 3,6 millones de padres de niños nacidos en Estados Unidos- es en realidad un parche de Barack Obama. Fue adoptada al ser incapaz de lograr que el Congreso aprobase una reforma migratoria que hubiese sacado de las sombras a los alrededor de 11 millones de irregulares de Estados Unidos, que, según datos del Pew Hispanic Center, representan alrededor del 5% de la fuerza laboral del país.
De esta forma, el juez en San Francisco dictaminó que el programa debe continuar vigente mientras continúe la revisión de la demanda presentada en noviembre del año pasado contra la decisión de Trump. Entre los demandantes destacan la Universidad de California, cuya presidenta es la secretaria de Seguridad Nacional de Obama, Janet Napolitano; la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los Estados de Maine, Minnesota y Maryland.
Como ya había anticipado Trump, el martes el departamento de Justicia apeló la decisión judicial con una estrategia similar a la seguida tras la controversia del veto migratorio a siete países de mayoría musulmana. El alivio por la decisión del juez en San Francisco le duró poco a la comunidad inmigrante de Estados Unidos, donde ayer se produjeron redadas en todo el país en un centenar de tiendas 7-Eleven, en busca de indocumentados. Según los datos preliminares del departamento de Seguridad Nacional, se detuvo a dos docenas de personas sospechosas de estar en el país de forma ilegal.