Theresa May espera que la UE apruebe su propuesta de Brexit

Los jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea (UE) decidirán hoy  si aceptan la propuesta de Brexit del Reino Unido, tras 17 meses de turbulentas negociaciones en las que la primera ministra británica, Theresa May, fue forzada a traspasar todas las líneas rojas que había trazado al inicio de las discusiones.
El presidente de la Comisión Europea, una suerte de poder ejecutivo del bloque, Jean Claude Juncker, recomendó al Consejo Europeo -la reunión de jefes de Estado y gobierno- aceptar la propuesta presentada el viernes pasado por May.
La recomendación de Juncker se conoció una semana después de que los aliados de Irlanda del Norte de la primera ministra británica le torpedearon el principio de acuerdo que había llevado a Bruselas, desnudando la debilidad de su gobierno. 
Desde un inicio, las negociaciones entre Londres y Bruselas fueron tensas. 
Ambas partes debieron acercar posiciones en tres cuestiones: los derechos de más de cuatro millones de británicos en suelo europeo y europeos en territorio británico, el monto de la factura que deberá pagar Londres para abandonar el bloque regional y el futuro estatus de la frontera con la República de Irlanda.
Este último punto fue el que hizo caer el acuerdo el lunes de la semana pasada.
May ya había resuelto el tema de los ciudadanos y el de la factura, los dos puntos que creía más complicados, y se preparaba para pasar a la segunda fase de las negociaciones, centrada en la cuestión fronteriza con Irlanda.
Pero sus aliados conservadores del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, que con sus 10 bancas en el parlamento británico sostienen el gobierno de May, la obligaron a retroceder.
Mientras Irlanda, miembro de la UE, rechaza cualquier tipo de control fronterizo o barrera limítrofe física, el DUP reclama abandonar el bloque en los mismos términos que las demás regiones británicas. 
La propuesta que la primera ministra llevó a Bruselas contemplaba los intereses externos pero hacía oídos sordos a los reclamos de sus socios.
Según fue acordado en esta primera fase, el Reino Unido seguirá formando parte -de facto- del mercado único y de la unión aduanera, pero no podrá influir en las decisiones que tomen los Veintisiete. 
La idea inicial de "convergencia regulatoria" acordada la semana pasada, que tan mal sonaba a los oídos de gran parte de la dirigencia británica, fue reemplazada por la de "pleno alineamiento". 
En lugar de incluir todo el derecho europeo en la legislación británica para permanecer en el mercado único y la unión aduanera, Bruselas y Londres pactaron un "alineamiento" que significa más o menos lo mismo, pero suena más equitativo. 
El acuerdo mantiene las garantías del Estado de bienestar: los ciudadanos británicos y europeos tendrán derecho a residir y traer a sus familiares y parejas estables, si así lo desean, y conservarán la tarjeta sanitaria europea, un documento que habilita a utilizar el sistema de salud. 
El gobierno de May aceptó pagarle a la UE entre los 40.000 y 45.000 millones de euros, aunque ya hay dirigentes británicos que amenazan con no hacerlo si no consiguen un acuerdo comercial que los conforme.
En medio de una rebelión interna que amenaza con poner nuevos obstáculos, May viaja hoy a Bruselas a la espera de que el Consejo Europeo confirme que hay "progresos suficientes" para pasar a una segunda etapa.