El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer sábado que pedirá al Senado el cese del Gobierno catalán de Carles Puigdemont y poder convocar elecciones regionales en seis meses como mucho, para impedir una secesión unilateral y "recuperar la normalidad".
En una comparecencia ante la prensa en Madrid, el mandatario anunció su intención de conseguir el "cese del presidente de la Generalitat (ejecutivo) de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno", en un Senado en el que su Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.
"La idea", añadió Rajoy, es que "los ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo que dure esta situación excepcional". Además, el jefe del Gobierno pidió la potestad de disolver el Parlamento catalán, actualmente en manos de Puigdemont, para "convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses".
"Éste es un proceso que ha sido unilateral, ha sido contrario a la ley, y ha buscado el enfrentamiento", sentenció el líder del PP, culpando a los independentistas de la crisis e insistiendo en que el objetivo es "recuperar la normalidad".
El Senado deberá a fines de mes aprobar el uso de estas medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución -nunca usado de pleno en 40 años de democracia- y tendrá la posibilidad de sugerir cambios al plan. En ese trámite en el Senado, de una semana aproximadamente, Puigdemont podrá igualmente presentar alegaciones, según el reglamento de la cámara alta.
Puigdemont acorralado
Si Puigdemont diera el paso de proclamar la independencia unilateralmente, la Fiscalía General del Estado "formularía una querella" por un delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, indicó una fuente de ese organismo.
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, estimó que "hoy el PP (y sus aliados) no han suspendido sólo la autonomía. Han suspendido la democracia".
El cese del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones son las dos medidas más contundentes del gobierno español en virtud del artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid intervenir el gobierno de una comunidad autónoma.
Es el culmen de cinco años de pulso por las aspiraciones independentistas de las autoridades catalanas, en la peor crisis de la España democrática en 40 años.
Las razones
Rajoy dijo que el origen de su decisión está en el referéndum de autodeterminación que el gobierno catalán organizó el 1 de octubre a pesar de su prohibición por la justicia, por inconstitucional. Para esa consulta, recordó, se aprobaron en la cámara regional dos leyes en las que "se liquidó por mayoría la Constitución" y el Estatuto de Autonomía catalán.
En un escrito difundido antes de anunciar las medidas, el gobierno español las justificó por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" del ejecutivo de Puigdemont.
Prueba de la gravedad del momento es que la noche del viernes, el rey Felipe VI denunció "un inaceptable intento de secesión", en la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo (norte).
En los últimos días, por otro lado, los máximos dirigentes de la UE expresaron su oposición a una independencia unilateral de Cataluña, un territorio de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español.
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